25 de febrero de 2014
Para el ciudadano común, los vaivenes que se han producido en los últimos meses en el mercado cambiario pueden ser indescifrables, aunque quien la «yuga» (trabaja) todos los días –recuperando el lenguaje de Roberto Arlt en sus aguafuertes porteñas– tiene en claro que esta situación le pega a su bolsillo, vía los aumentos de precios.
Durante diciembre y enero se formaron grandes expectativas sobre una mayor intensidad de la depreciación de la moneda argentina, que presionaron aún más sobre el tipo de cambio, situación producida por comportamientos especulativos a dos puntas: los exportadores demoraban sus ventas externas o estiraban el plazo de liquidación de divisas, reduciendo la oferta de dólares, mientras que los importadores adelantaban lo máximo posible sus pagos, incrementando la demanda de divisas. Estos comportamientos generaron una presión sobre el tipo de cambio, que recién comenzó a disminuir cuando el Banco Central dejó de intervenir en el mercado y el dólar llegó a los 8 pesos, sumado a la posterior definición del gobierno de que ese precio alcanzado era un valor razonable.
En los días siguientes, el valor del dólar no sólo se estabilizó, sino que bajó varios centavos, mientras que las reservas internacionales dejaron de caer. No ha sido por arte de magia, sino porque desde el Gobierno hubo una estrategia concreta. Por un lado, se intensificaron los controles de precios para minimizar el traslado a estos del aumento en el tipo de cambio. Por el lado financiero, se intentó incrementar la oferta de divisas por dos vías: una de ellas, desde el Banco Central, obligó a los bancos a reducir sus tenencias en dólares y los impulsó a desprenderse de aproximadamente 1.000 millones de dólares por mes entre febrero y abril; la otra vía pasó por el acuerdo con las cerealeras y aceiteras, quienes se comprometieron a liquidar 2.000 millones de dólares en exportaciones en febrero, un importe significativo.
Entre otros tantos factores, el tema de la restricción externa juega un papel fundamental sobre la oferta de divisas, un enfoque no muy divulgado. La restricción externa, también llamada proceso de Stop & Go, o de «contención-arranque», se inició con la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) en la década de 1930, transformación que requería de ingentes insumos importados. El proceso define a la economía argentina compuesta por dos sectores diferentes: el primario, que trabaja a precios internacionales, y el industrial, cuyo aumento de producción requiere cantidades crecientes de divisas. Este proceso estructural se ha mantenido vigente, incluso durante el fuerte crecimiento de la producción y las importaciones que se produjo a partir de 2003, sólo que no se evidenció hasta nuestros días por el fortísimo aumento de precio de los granos y de las oleaginosas.
En los últimos años, los precios de las materias primas han llegado a un nivel que difícilmente superarán; a partir de este contexto, todo incremento de las importaciones deberá estar acompañado de al menos un similar aumento en las exportaciones para evitar el drenaje de divisas. Hacia abril, la cosecha de soja estará en su auge y muchos productores estarán obligados a vender para pagar gastos, con lo cual se espera que entre mayo y julio ingresen entre 9.000 y 10.000 millones de dólares por las exportaciones de soja, tanto en habas como en aceite. Pero la retención de cosecha sin exportar, que actualmente alcanza los 9 millones de toneladas de soja guardados de la campaña pasada (unos 4.500 millones de dólares), es una importante actitud especulativa que presiona sobre el tipo de cambio. Y además, la industria, que requiere el ingreso de los dólares de la cosecha para importar insumos y bienes de capital, tendrá que moverse al compás de las liquidaciones de granos, habas y aceites. Esta situación permite comprender con mayor claridad las propuestas del IMFC cuando declaran la necesidad de considerar a las divisas como bien público y regularlas como tal.
