Opinión | A fondo

Crímenes de género


En aumento. Cada 18 horas muere una mujer víctima de la violencia machista. ( Schemidt/AFP/Dachary)

Irma Ferreyra tenía 47 años, 7 hijos y trabajaba como empleada doméstica. Una semana antes de Navidad, fue violada, empalada con la rama de un árbol y arrojada a un baldío del barrio Villa Bonita de Garupá, en Misiones. Murió tras 16 horas de agonía por la «destrucción severa de órganos vitales, entre ellos perforación de uno de los pulmones».  
Lucía Pérez tenía 16 años. Fue drogada, violada, empalada, asesinada y luego bañada para encubrir el crimen. El dolor que le produjo la agresión sexual de la que fue víctima fue tan intenso que desencadenó en su cuerpo un reflejo vagal que culminó con un paro cardiorespiratorio.
Los cuerpos de Sabrina Barrientos, Denise Juárez y sus amigas Magalí y Némesis quedaron tendidos sobre la avenida Calchaquí, en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Tenían entre 15 y 17 años y fueron acribilladas en la parada del colectivo. Tres de ellas murieron.
Romina Maguna era policía, tenía 35 años y dos hijos. Su expareja le quitó el arma reglamentaria y la mató. Luego asesino a la hermana y el hermano de Romina, a su suegra, a un cuñado y le disparó en la panza a su cuñada, que perdió un embarazo a término. También hirió a una niña de 12 años y a una vecina.
Wanda Taddei (29) fue quemada viva; María Soledad Morales (17) fue violada y asesinada. Ángeles Rawson (16) fue ahorcada y arrojada a un contenedor de basura; Shirley Cielo Barrientos (15) fue enterrada viva junto con su madre. Adriana Marisel Zambrano (28) fue asesinada a golpes de puño y puntapiés; Carolina Aló (17) recibió de su novio 113 puñadadas; Jimena Hernández (11) fue abusada y apareció muerta en el interior del natatorio de su escuela. Avril Aguirre (2) fue degollada por su padre.
Todas ellas murieron por ser mujeres. No fueron víctimas de crímenes pasionales, como, aun hoy, siguen titulando algunos medios, ni objeto de la furia de «seres diabólicos» –como aseguró un diario a raíz del brutal asesinato de Lucía Pérez–. No las mataron los celos ni la locura ni el amor ni el deseo de venganza. Sus crímenes son atroces, pero no inexplicables. Constituyen, en palabras de la pensadora y activista feminista Jane Caputi, «una expresión de la dominación masculina, y una forma de terror que funciona para mantener el poder real del orden patriarcal». El término feminicidio, incorporado al diccionario de la Real Academia Española en 2014 –o su equivalente femicidio–, intenta iluminar, precisamente, la profunda imbricación entre los asesinatos de mujeres y un sistema de organización social que tiene en la desigualdad de género uno de sus fundamentos más antiguos y persistentes.
Aunque en la Argentina no hay datos oficiales, el Primer Observatorio de Femicidio, creado por la ONG La Casa del Encuentro, realiza desde 2008 un relevamiento a partir de los casos publicados en diarios y agencias de noticias. Desde entonces, la cantidad de crímenes crece sin pausa. A fines de 2016 el cálculo indicaba que una mujer era asesinada en la Argentina cada 30 horas. Pero en los primeros 43 días de 2017 año hubo 58 femicidios, lo que arroja un promedio de una muerte cada 18 horas.
Estas cifras, sin embargo, no son los suficientemente representativas. Entre las víctimas se debería incluir, como indica la investigadora Ana María Fernández, los asesinatos de mujeres que nunca terminan de esclarecerse, los suicidios inducidos en situaciones de violencia de género y abusos incestuosos, los femicidios encubiertos como suicidios, los que pasan como accidentes, las muertes por accidentes en situaciones de profunda alteración por maltrato y terror, las mujeres secuestradas o desaparecidas por la trata.
Es gracias al movimiento de mujeres que estas muertes están comenzando a ser entendidas como un problema social y político de primer orden. La masividad del reclamo de Ni Una Menos pone a la violencia machista en el centro de la escena pública y exige que el Estado, cómplice de la masacre, ponga en marcha políticas activas y garantice el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.