Opinión | A fondo

Cuán pública es la educación pública

En conflicto. Aula de una escuela pampeana en una de las jornadas del paro nacional docente. (Télam)

El inicio de un nuevo ciclo lectivo, con el conflicto abierto por el gobierno nacional al no convocar a la paritaria nacional docente, puso de relieve la continuidad de un accidentado proceso de desmantelamiento y reformulación sustancial de la política educativa preexistente.    
En el verano de 2016 el entonces flamante ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, reunió al Consejo Federal de Educación, que en su Declaración Final ratificó: «(…) la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años (…). Creemos necesario afianzar la base de una revolución educativa cuyo vértice es la escuela».
Luego, en sucesivas declaraciones públicas, Bullrich desconoció aquel compromiso de reconocer los aciertos de la política educativa aplicada en la década previa. Así lo hizo al proponer una «Campaña del Desierto educativa» y dio ciertas pistas sobre su orientación al plantarse ante un auditorio empresarial como «gerente de Recursos Humanos» y no como ministro de Educación. En esa tónica, reivindicó la idea de un sistema educativo capaz de formar «emprendedores», es decir, personas que por propia cuenta iniciaran el riesgoso camino de la salvación individual; así como un currículo que permita formar sujetos «empleables» de acuerdo con las exigencias de un mundo competitivo e impiadoso. Y en otra intervención, en el coloquio de IDEA, dijo: «No tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino, hay que cambiarlo… no sirve más… no sirve más… está diseñado para hacer chorizos (…) todos iguales, porque así se diseñó el sistema educativo». Más recientemente, el presidente Mauricio Macri, en un acto oficial a propósito del operativo Aprender 2016, dijo que hay «una terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en una escuela pública».
Pero no fueron solo palabras. El gobierno nacional en su primer año subejecutó el presupuesto en 12.000 millones de pesos, generó despidos masivos en el Ministerio de Educación y Deportes, desarmó equipos del Ministerio (programas socioeducativos, Conectar Igualdad, Educación sexual integral, entre otros), redujo a una cuarta parte la cantidad de notebooks entregadas; en suma, la gestión de Cambiemos marcó un sendero que se aleja de la educación concebida como derecho social.
Mientras tanto, se produjeron novedades ligadas con el rol de fundaciones u ONG con orientación empresarial como Junior Achievement, o Enseñá por Argentina. Su aporte a la formación de emprendedores y a la difusión de un sentido común mercantilista expresa un modo concreto de privatización de la educación.
A la vez, la voz oficial introdujo amenazas que, fundándose en una idea de calidad educativa tecnocrática, incorpora  dispositivos para la evaluación de docentes y escuelas como naturalización de un modelo tecnocrático que mide conocimientos, rankea y sanciona.
En resumen, se registró un efectivo empeoramiento de las condiciones materiales –niños empobrecidos y docentes cerca del límite de la línea de pobreza– que se combinaron con la decisión de poner un techo inadmisible a la paritaria por provincia clausurando la paritaria nacional que discutía no solo un piso salarial, sino otras cuestiones como la formación docente o el auxilio financiero a las provincias más vulnerables.
Por su parte, el Frente Nacional de Educación, convocado por CTERA, interpeló a universidades públicas, movimientos sociales, colectivos culturales y pedagógicos promoviendo resistencias y respuestas creativas en defensa de un modelo de educación pública, popular y emancipador.
En el fondo antagonizan dos proyectos políticos y pedagógicos. Uno de signo tecnocrático, mercantilista y autoritario; otro que concibe la educación como un derecho humano. Aquí se dirime cuán pública es la educación pública, basculando entre el derecho y el privilegio. Estas controversias no tienen un final definido de antemano, pero ningún proyecto político educativo puede garantizarse sin los docentes y, menos aún, contra los docentes.