31 de diciembre de 2024
Marea verde. La incansable lucha de las organizaciones feministas permitió alumbrar la ley que hoy se encuentra en riesgo.
Foto: Getty Images
Javier Milei embistió contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en varias oportunidades. Quedó claro, desde su campaña electoral, que esta conquista histórica del movimiento feminista sería uno de sus blancos predilectos como parte de lo que él denomina su «batalla cultural». Milei, incluso, habló del aborto como un asesinato y fue más allá, lo consideró un «asesinato agravado por el vínculo». Ninguna legislación en el mundo tipifica la IVE en esos términos.
En febrero, dos meses después de iniciada la gestión libertaria, una diputada oficialista presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley de IVE/ILE, pero la iniciativa fue rápidamente desautorizada desde el Ejecutivo nacional. Sin mayoria parlamentaria y sabiendo que el aborto legal cuenta con gran apoyo entre la población, no fue la vía legislativa la elegida por el Gobierno para debilitar ese derecho adquirido. Pero sí lo hizo de otras maneras: se dejaron de comprar y distribuir insumos para garantizar los abortos legales. De acuerdo con un informe de Chequeado, en 2023 se entregaron a las provincias 106.737 tratamientos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024, ninguno.
Esta decisión tiene un impacto muy significativo en varios sentidos. El primero, es que al no haber sido acordada con las provincias, interrumpió de forma intempestiva una forma de llevar adelante esta política pública. En segundo lugar, al no ser una estrategia gradual, algunas provincias iniciaron procesos de compra, pero no cuentan con el tiempo para planificarlas o con el presupuesto asignado, por lo que están adquiriendo cantidades más pequeñas, a veces a un costo más alto y con el consiguiente problema de que se acaban pronto. La compra desde el Ejecutivo nacional, implementada cuando se aprobó la ley, tuvo la potencialidad de poner a las jurisdicciones en un mismo plano. Hoy, los insumos para los abortos legales compiten con otros que deben comprar las provincias, ante la retirada del Estado nacional. Entonces, este esfuerzo de promover la equidad en el acceso a una práctica médica que salva vidas quedó subsumido a las condiciones estructurales de cada jurisdicción.
No hay que olvidar que la Ley de IVE/ILE fue la más debatida de los últimos años: en 2018 se hicieron 15 audiencias en Diputados con 738 referentes invitados. Si bien la proporción de posturas fue pareja (53% a 47%), hubo una leve mayoría de expositores en contra (392 a 346). En 2020 hubo 3 audiencias más con 60 voceros: 30 a favor y 30 en contra.
Sesión histórica. La iniciativa fue aprobada luego de ser largamente debatida en el Congreso Nacional.
Foto: NA
Salir de la clandestinidad
La Ley de IVE/ILE permite que las mujeres puedan elegir si quieren o no continuar con un embarazo –cuando no lograron evitar la gestación por otros medios–, sin tener que recurrir a la clandestinidad para abortar, con los riesgos que esa alternativa acarrea. Desde su aprobación –hoy hace cuatro años– y hasta octubre de 2023, la Ley 27.610 salvó la vida de al menos 245.015 mujeres que pudieron hacerse abortos seguros y legales en instituciones públicas, según las estadísticas oficiales. A esa cifra hay que sumar aquellas que lo hicieron a través de sus obras sociales o prepagas, o por su cuenta, con la medicación apropiada. Este año el Estado nacional no difundió más los datos de los abortos realizados en el marco de la ley.
El informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, publicado el 10 de diciembre, a un año del inicio del Gobierno de Milei, hace un análisis minucioso del estado de la opinión pública y analiza los temas que ocuparon la agenda mediática en el transcurso de los últimos 12 meses. Una de las preguntas fue si se debe derogar la ley de aborto. Seis de cada diez encuestados se mostró en desacuerdo con la derogación (57,1% contra 33,7%). Lo más interesante es que el apoyo a la Ley de IVE/ILE creció desde febrero, cuando un 52,5% no compartía esa postura contra un 35,9% que decía que sí. Está muy claro: el respaldo a la Ley es mayoritario, a pesar del contexto político adverso. Frente al ataque a partir del recorte de insumos y la aparición de algunas organizaciones «celestes» que pretenden disuadir a mujeres que quieren abortar, una vez más hay resistencia: provincias, profesionales de la salud y la «marea verde» hacen red para defender un derecho que es clave para garantizar nuestra libertad: la libertad para elegir el proyecto de vida. Ni más ni menos.
