Opinión

Mariano Borzel

Economista

De asesor a auditor

En su último informe fiscal el FMI afirma que «asesora» a los países en cómo «comprometerse a una futura reducción de los déficits». Para lograrlo, señala, «los Gobiernos disponen de varios instrumentos, como las reformas fiscales estructurales (por ejemplo, reforma de pensiones o de subsidios)». Dado el fuerte peso que posee el gasto previsional dentro de la matriz presupuestaria, la poda de las jubilaciones suele ser uno de los pedidos más recurrentes de los organismos internacionales de crédito. Sin importar los costos, hay que ahorrar para pagar las deudas. Claro que el ajuste deviene en menor actividad económica, lo que impacta en la recaudación, y así el recorte requerido se torna interminable. Si bien los análisis del FMI no son vinculantes para los 190 países que están en la órbita del organismo, cuando hay un préstamo de por medio, como ocurre con nuestro país, las recomendaciones pasan a tener un peso distinto. Por eso en 2006 los Gobiernos de Argentina y Brasil decidieron pagarle al FMI, y así consiguieron que deje de pretender incidir en las políticas públicas. Y por eso fue que el Gobierno de Macri no dudó un instante en volver a sus fauces. Si obtenían la reelección, el préstamo se refinanciaría sin problemas, a cambio de un ajuste que, por cierto, ellos mismos tenían intenciones de profundizar. De no lograrla, asumiría una nueva gestión muy condicionada.
Las partes acordaron una hipoteca récord: si en su momento hicieron falta unos 10.000 millones de dólares para sacarse de encima al auditor, hoy se precisan unos 45.000 millones, una factura imposible de afrontar. Se trata ahora de minimizar los daños. El Gobierno continúa negociando con firmeza para que en los próximos años no prevalezca el ajuste que está pidiendo el Fondo y para ir revirtiendo el deterioro económico y social generado por las dos pandemias.

REYNOLDS/AFP/DACHARY