Opinión | A fondo

Derecho a la universidad

La educación superior en la Argentina –y más puntualmente el subsistema de universidades públicas– alcanzó en los últimos años un significativo nivel de desarrollo en términos de expansión de la matrícula, financiamiento del Estado, creación de nuevas instituciones públicas, mejoramiento de las condiciones laborales de docentes e investigadores así como políticas sociales (becas, por caso) que generaron procesos de democratización del acceso a la formación académica.
Esta política pública fue parte de un tiempo de avances regionales en materia de ampliación de derechos. Es tan así que en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, realizada en Cartagena de Indias en 2008, el documento final establece que: «La educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado». Este pronunciamiento marca un clima de época contrastante con los principios privatizadores, elitistas y tecnocráticos que el neoliberal-conservadurismo ha defendido para su modelo universitario.
Como bien advierte Eduardo Rinesi en su libro Filosofía (y) política de la Universidad, esta concepción de educación tiene indudables resonancias en las políticas públicas y en las propias instituciones universitarias, marcando un gigantesco desafío para las sociedades nuestroamericanas que pugnan por avanzar en procesos de construcción de democracias participativas, igualitarias, emancipadoras.
En primer lugar, supone una reformulación en la comprensión del papel que juega el Estado: si en las dictaduras militares o en las frágiles democracias de los 90 era un instrumento para reproducir la injusticia social, en los últimos años en nuestros países –y claramente en Argentina– el Estado fue una palanca reparadora y de extensión progresiva de derechos. Desde 2003 se crearon una decena de universidades públicas y se incrementaron las iniciativas tendientes al fortalecimiento y la transformación de las instituciones. En octubre de este mismo año se sancionó una ley que define a la educación superior como derecho humano y establece la gratuidad del grado.
Pero, como se expresó en el resultado electoral de noviembre, no existen garantías de continuidad de las políticas públicas. Por caso, cuando se debatió  la ley que estableció la gratuidad del grado universitario, la bancada del PRO votó en contra en Diputados.
Y si el objetivo de democratizar la universidad involucra al Estado, también hace lo propio con la institución universitaria. Recordemos que las primeras universidades se crearon en el siglo XI y, como advierten sus más entusiastas (y corporativos) defensores, preexisten al capitalismo. Un rasgo constitutivo de estos establecimientos educativos ha sido su carácter elitista, orientado a la formación de minorías intelectuales llamadas a tener funciones sociales relevantes tanto en la construcción de hegemonía, de conocimiento y de decisión en el seno de los nacientes Estados (absolutistas primero, nacionales más tarde).
Declarar el acceso a la universidad como un derecho humano y un deber del Estado no implica que todos los miembros de nuestras sociedades deban, obligadamente, recorrer trayectorias universitarias. Quiere decir –ni más ni menos– que aquellos ciudadanos que quieran formarse en una ocupación que requiera estudios universitarios deben tener allanado el camino para acceder a dicha carrera académica y profesional. Mas esta definición es apenas una parte del desafío, pues también deben generarse los dispositivos para que quienes se incorporan se apropien de un conocimiento valioso, aprendan profunda y críticamente métodos y contenidos acordes con la formación de profesionales democráticos, eficientes, curiosos y movilizados en la construcción de sociedades justas.
El objetivo de hacer de la universidad un lugar de formación para todo ciudadano/a exige, pues, profundas transformaciones en la gestión del Estado y en la configuración de las instituciones universitarias. Como está claro, no se trata de un camino sencillo y sin obstáculos, sino de un escarpado sendero que requiere perseverancia e inventiva para superar viejos y nuevos escollos.