Opinión

Jorge Vilas

Periodista

Derecho versus negocio

Está fuera de discusión que la conexión a internet y los servicios de comunicación audiovisual son indispensables para desarrollar una vida social, laboral, educacional, a la altura de las necesidades actuales. La pandemia que estamos atravesando no hizo más que acentuar esta necesidad al recortarse las posibilidades de movilidad y contacto interpersonal, así como el trabajo presencial en muchos rubros. El gran problema que se presenta es que, en simultáneo con este cambio cultural y económico que afecta a buena parte de la humanidad, se produce un fenómeno de megaconcentración empresaria a nivel global, donde un puñado de transnacionales controlan la mayor parte de la circulación de información en la web. En su expresión local, la concentración se expresa también en los proveedores de acceso, además de los generadores de contenidos.
Semanas atrás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo en un acto realizado en Tecnópolis que, teniendo en cuenta que «vivimos en un país injusto, vamos a hacer de internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar». La frase llamó la atención porque desde el año pasado rige el Decreto 690, convalidado por el Congreso Nacional, que establece que «los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».
Es decir, lo que el presidente proclama ya ocurrió. Sin embargo, las principales empresas del sector lograron medidas cautelares que frenaron su aplicación en materia tarifaria, es decir, impidieron la regulación estatal de un precio clave de la economía en el contexto actual.
La discusión de fondo, en lo que hace a la legislación sobre comunicación en sentido amplio, es si se trata de un derecho colectivo o un producto de mercado. Eso se discutió, y se saldó, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 2009, aunque el poder económico detrás de las megacompañías de la comunicación cuenta con el respaldo de sectores afines en la Justicia que obstaculizan las regulaciones estatales y defienden sus intereses.
El escenario que pretenden preservar las megaempresas del rubro en la Argentina dista de ser el ideal para un acceso democrático a la comunicación. Que un grupo ostente el 46% de las conexiones y que entre los cuatro primeros concentren el 80% indica un alto grado de poderío tanto para fijar precios a su antojo como para direccionar el consumo de contenidos. Solo la presencia de más de un millar de pymes y cooperativas permite que se distribuya geográficamente la conectividad por fuera de los criterios de altas ganancias aseguradas, condición que solo ofrecen las grandes ciudades. Pero no es suficiente. Según un informe de la Cámara Argentina de Internet, el 32% de los hogares argentinos no cuenta con conectividad fija a internet. La distribución enfatiza la inequidad. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires hay 108 accesos por cada 100 hogares, en Formosa apenas llega a 32 conexiones cada centenar de viviendas. Nueve provincias registran menos de un 50% de conectividad. Además de la mencionada Formosa integran la lista Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Corrientes, Mendoza, Santa Cruz y San Juan. Si se regulan las tarifas las grandes empresas ponen el grito en el cielo porque, dicen, se frenarán las inversiones. Ante esta distribución vale preguntar: ¿dónde están las inversiones que realizan mientras cobran lo que quieren? Únicamente en los conglomerados urbanos que garantizan altas tasas de ganancia. De ese modo será difícil achicar la brecha digital.
La disputa sigue en pie: derecho versus negocio, con el rol del Estado como factor fundamental para que primen los intereses de millones de argentinas y argentinos que necesitan estar conectados a internet y las telecomunicaciones como herramienta fundamental para estudiar, trabajar, consumir cultura y entretenimiento, entre otros fines, por sobre la acumulación de ganancias en pocas manos.