23 de mayo de 2023

Amenaza. Los responsables de WhatsApp advirtieron que la plataforma de mensajes puede dejar de operar en Gran Bretaña.

Foto: Jorge Aloy

WhatsApp amenaza con su posible desaparición del Reino Unido. La advertencia de que un medio o servicio de comunicación podría desaparecer si determinada norma legal es adoptada tras arduos debates parlamentarios ha sido usada recientemente en campañas de publicidad de Google en Brasil contra el proyecto de ley de regulación de plataformas digitales (PL 2630), y por Google y Facebook en Canadá y Australia. En la Argentina aún se recuerdan las dramáticas piezas de marketing que el Grupo Clarín difundía contra el entonces proyecto de ley audiovisual advirtiendo que su señal de noticias opinadas, TN, iba a desaparecer (spoiler: la ley fue aprobada por el Congreso Nacional en 2009 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2013 y, hasta diciembre de 2015, cuando los artículos anticoncentración fueron derogados por decreto, TN no solo no desapareció sino que creció en audiencia).
Ahora toca el Reino Unido, donde el Gobierno conservador acelera el tratamiento del proyecto de ley de «seguridad en línea» («online safety Bill») que busca imponer a las grandes plataformas un «deber de cuidado» para proteger a la población vulnerable. Allí, los responsables de WhatsApp (del Grupo Meta, junto a Facebook e Instagram) aseguran que la red de mensajería del conglomerado liderado por Mark Zuckerberg desaparecería si el proyecto se aprueba tal y como hoy está redactado.

El ideal de la protección
Se trata de una iniciativa que cuenta con importantes consensos entre legisladores conservadores y laboristas y que carga obligaciones a las compañías dueñas de las redes sociodigitales en contenidos de abuso sexual infantil, de promoción de daño a la salud (como la difusión de métodos de autolesión o trastornos alimentarios) y de combate al terrorismo. Además, el ideal que plantea es proteger a niñas, niños y adolescentes de material inapropiado para su edad. La multa económica prevista para las plataformas que no cumplan la ley asciende hasta el 10% de la facturación global, pero, además, los ejecutivos de las compañías podrían ir presos ante incumplimientos graves. El organismo estatal encargado de aplicar la norma será la OfCom.
La identificación del contenido de abuso sexual infantil demanda el monitoreo de contenidos que, aunque es práctica cotidiana en las redes sociodigitales, compromete el funcionamiento de servicios de mensajería como WhatsApp o Signal. En estas aplicaciones, los mensajes están encriptados de extremo a extremo y ello impide que la compañía pueda revisar las comunicaciones. Con el proyecto de ley de «seguridad en línea», las empresas dueñas de esos servicios deberían profanar el encriptado de extremo a extremo.
Por ello, el director de WhatsApp, Will Cathcart, y otros seis ejecutivos de aplicaciones, firmaron en abril una carta abierta advirtiendo que «si se implementa tal como está escrito (el proyecto), podría facultar a Ofcom para tratar de forzar el escaneo proactivo de mensajes privados en servicios de comunicación encriptados de extremo a extremo, anulando el propósito del cifrado de extremo a extremo y comprometiendo la privacidad de todos los usuarios», lo que constituiría «una amenaza sin precedentes para la privacidad, la seguridad y la protección de todos los ciudadanos del Reino Unido y las personas con las que se comunican».
Como «el 98% de nuestros usuarios están fuera del Reino Unido», según declaró Cathcart a The Guardian, «sería una elección extraña para nosotros optar por reducir la seguridad del producto de una manera que afectaría al 98% de los usuarios» del resto del mundo. En consecuencia, WhatsApp podría abandonar el país.
Lo que Meta destaca como cualidad de WhatsApp en beneficio de la privacidad de sus usuarios es, no obstante, relativizado por parte de los impulsores del proyecto. Entre otros, el parlamentario y exministro de Tecnología y Economía Digital, Damian Collins, dijo a The Guardian que la «online safety Bill» no vulnera el cifrado, sino que demanda que las empresas de mensajería compartan información a la que tienen acceso (como datos sobre el uso de la aplicación, contactos, ubicación, nombres de grupos de los que se participa y los sitios web que visita si se accede a WhatsApp a través de un navegador), no necesariamente el contenido del mensaje.

Después de la conmoción
La controversia está abierta, al igual que las negociaciones entre políticos y empresarios. A todos les consta que no se trata de una regulación más y que la opinión pública sigue con atención las discusiones.
En efecto, el origen del proyecto de ley se remonta a la gran conmoción en la sociedad británica causada por el suicido de una chica de 14 años, Molly Russell, en 2017. Sus padres, al revisar las cuentas de la hija después de su muerte, acusaron a Instagram de amplificar contenidos relacionados con suicidios, autolesiones y depresión. Los algoritmos recomiendan y ayudan a localizar contenidos que, en determinadas coyunturas, pueden lesionar la salud o la vida de las personas usuarias.
La presión social motivó la reacción de la política profesional. El Gobierno de la entonces primera ministra Theresa May (conservadora) publicó un informe llamado «Daños en línea» en 2019, que luego evolucionó como proyecto de ley y, dos años después, con Boris Johnson (conservador) como sucesor de May, ingresó para su debate al Parlamento. Han pasado cuatro años de debates y cinco primeros ministros (todos conservadores) de un proyecto resistido por las plataformas digitales que tiene a la fecha más de 250 páginas.
La paradoja del largo camino recorrido por esta propuesta tiene semejanzas con la brasileña, ya que en estos días el Congreso de Brasil trata el proyecto de ley de regulación de plataformas digitales PL 2630: la búsqueda por la protección de millones de usuarios de los abusos de sus datos personales y de un modelo de negocios de plataformas que los exponen en muchos casos a contenidos ilegales o dañinos puede terminar vulnerando los mismos u otros derechos de las mismas personas, como la privacidad, la protección de datos y la libertad de expresión.
Por parte de las big tech, la estrategia de repetir consignas apocalípticas e impostar debilidad resuena al cuento infantil de «Pedro y el Lobo», cuya moraleja alecciona sobre los riesgos de mentir o sobreactuar porque, cuando el pastor necesitó realmente ayuda, nadie le creyó.

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