24 de septiembre de 2024
Héroes. Así se perciben los tuiteros libertarios avalados por el presidente.
Para ser un enemigo del Estado, Javier Milei tiene una conducta extravagante: fortalece presupuestariamente las áreas de vigilancia y represión de la institución que demoniza, crea nuevos organismos gubernamentales, recorta leyes que protegen la libertad de expresión, golpea a manifestantes en espacios públicos y amplifica las operaciones mediáticas y digitales de acoso contra periodistas y dirigentes sociales y políticos. El resultado es que potencia la discrecionalidad gubernamental y la capacidad opresiva del mismo Estado que aborrece.
Milei aumenta la cantidad de áreas de gobierno donde, además, superpone funciones relacionadas con la difusión y la propaganda. Parece que la deliberación en el «mercado de las ideas» que inspiraba a los pensadores liberales del siglo XIX no hizo mella en los actuales inquilinos de la Casa Rosada, que precisan del constante soporte económico oficial, con recursos públicos, para machacar con el relato de las fuerzas del cielo en el ecosistema de medios y en redes sociodigitales.
El miércoles 18 de septiembre, Milei publicó en el Boletín Oficial el DNU 834/24, con el que creó una Secretaría de Comunicación y Medios con rango de Ministerio para su vocero Manuel Adorni. Entre las seis secretarías que dependen directamente de Presidencia están la General, Prensa, la SIDE y esta nueva en cabeza de Adorni. Las prioridades del elenco dirigente quedan expuestas en el organigrama que enuncia objetivos y funciones tan difusas como redundantes.
El feedlot de trols alimentado con la caja de la Presidencia está agitado. El mismo Milei que fue instalado como figura pública por los canales de televisión durante la última década, hoy, ya como presidente, descarga su cólera contra accionistas de esos medios, algunos de los cuales se atreven a incluir críticas al «ajuste más grande de la historia de la humanidad» y contra periodistas y animadores de ciclos de opinión en medios y plataformas.
Habilitadas por la autoridad de la máxima conducción estatal, las milicias digitales coordinadas por el funcionario Juan Carreira (a) Juan Doe, director de Comunicación Digital de la Presidencia, y formateadas en la escudería propagandística de Fernando Cerimedo que incluye al órgano paraoficial La Derecha Diario, lanzan operaciones en patota contra periodistas como María O’Donnell, Luisa Corradini, Julia Mengolini o Jorge Fontevecchia.
Ciberacoso y tecnocensura
El informe «Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura», presentado la semana pasada por la organización Periodistas Argentinas, documenta una «práctica sistemática» de hostigamiento oficialista contra las comunicadoras. La violencia tiene en la plataforma de Elon Musk, X, su madriguera, evidencia el informe: «Las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras».
Periodistas Argentinas relevó numerosos casos que, en su mayoría, fueron iniciados o replicados por el presidente Milei. La hiperactividad del primer mandatario usando el poder institucional para reproducir ataques contra perspectivas disidentes, a lo que dedica varias horas cada día, ha motivado advertencias de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA por el abuso y la asimetría respecto de sus destinatarios expuestos en las agresiones.
En efecto, la intervención del presidente aumenta exponencialmente la intimidación contra sus víctimas, pues sus ataques son replicados por trols, bots (cuentas automatizadas) y también seguidores de La Libertad Avanza (LLA) y sectores aliados. Empero, ni siquiera sus socios políticos o económicos están a salvo del encono de las milicias digitales del Gobierno. El diputado Oscar Zago, ex jefe del bloque LLA, cruzó la semana pasada a uno de los ejecutores de la estrategia propagandística oficial, el diputado bonaerense Agustín Romo, advirtiéndole que «la próxima vez que me mandes a los trols, yo te voy a buscar y te cago a trompadas».
Celebridades. Juan Doe y el gordo Dan, trols con carnet oficial.
Accionistas
En los últimos días, una parte de la tropa digital de Milei anunció la compra de acciones del Grupo Clarín para fiscalizar su línea editorial. Los milicianos son insaciables: no conformes con la adscripción de la franja nocturna de la señal de opiniones y noticias TN, que corea las consignas de Milei con fervor militante, los infiltrados en el accionariado del conglomerado quieren subordinar al resto de los espacios de los numerosos medios del grupo.
Como los fondos que sostienen a la conducción de la patota libertaria son gubernamentales, la paradoja de esta incursión en el accionariado de Clarín es el uso de recursos públicos para alterar la dinámica institucional del mayor multimedios privado del país en nombre del dogma antiestatal.
El final de esta peculiar intentona de «entrismo financiero» es previsible: los socios mayoritarios del grupo (Héctor Magnetto, José Aranda, Felipe y Marcela Noble Herrera y los herederos de Lucio Pagliaro) detentan el 70% del capital societario y dominan la asamblea de accionistas, como comprobó ya en 2013 el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien participó de la asamblea en nombre de la Anses. Entonces Moreno cuestionaba a la conducción del grupo, ahora la piropea.
Curiosamente, la desautorización del Congreso de la asignación de fondos reservados a la SIDE por DNU, con la correspondiente derrota política para el presidente que vio frustrado su DNU, coincidió con una novedosa rebeldía por parte de animadores que suelen propagar operaciones oficialistas en las pantallas de los tanques televisivos de los grupos Clarín y La Nación, TN y LN+.
La debilidad
Hubo animadores que, en un giro original, se autocriticaron en vivo por haber colaborado en la difusión de fake news (noticias falsas) del Ministerio de Seguridad de la Nación, que aseguraba que en una manifestación de solidaridad con los jubilados un manifestante había echado gas pimienta a una nena de 10 años, cuando las pruebas materiales constataron que había sido la policía a cargo del operativo de represión, ordenado por la ministra Patricia Bullrich. Esta, excandidata del PRO a la presidencia el año pasado debió, incluso, tolerar que uno de los conductores de LN+ (La Nación) y Radio Mitre (Clarín) la contradiga en vivo sobre este episodio en la pantalla del canal que suele asociarse al expresidente Mauricio Macri.
Los aprietes oficiales y paraestatales para someter voces no alineadas completamente con el presidente empiezan a ser resistidos por comunicadores cercanos al Gobierno, revelando fisuras en una estrategia de control de la agenda pública que muchos consideraban maciza y omnipotente. La sobreactuación de agresividad es un intento para disimular la retracción gubernamental en espacios donde se sentía cómodo. El recorte de la Ley de Acceso a la Información Pública a través del Decreto 780/2024, firmado por Milei el 2 de septiembre, despertó críticas en bloques parlamentarios que, en otros asuntos, acatan con mansedumbre las órdenes de Casa Rosada.
Lejos de toda austeridad y contradiciendo su prédica de «achicar el Estado» con la que desmonta las funciones públicas en educación, salud, producción de ciencia y tecnología y atención a jubilados, Milei encara esta etapa de distanciamiento con periodistas, dueños de medios, políticos y parte del electorado, con un refuerzo a las áreas de propaganda, represión y control del aparato estatal. El agite del feedlot de trols, prendido a la teta del Gobierno, es un indicador de su debilidad, no de fortaleza.
