30 de noviembre de 2024

El 25 de noviembre la jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, cerró el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021, esto es, el intento de un golpe de Estado, después de que se lo pidiera el fiscal especial, Jack Smith.

Smith había solicitado a la jueza que desestimara la acusación a Trump de conspirar contra las instituciones luego de conocido el resultado de las elecciones de 2020 en las que resultó triunfador Joseph Biden alegando el dictamen de la Corte Suprema estadounidense (de mayoría conservadora) que determinó que un expresidente goza de amplia inmunidad procesal cuando se trata de actos oficiales, esto es, que está al margen de la ley que regula la conducta de todos los mortales.

La situación configura un retroceso enorme del sistema político de Estados Unidos en relación al modelo que tuviera un momento fundacional en la revolución francesa de 1789. La república nacida con la revolución norteamericana, que fue anterior a la francesa, había puesto más el acento en la independencia de Gran Bretaña que en el orden político interno. Fueron los franceses los que elaboraron con más profundidad la doctrina democrática. La democracia liberal surgida en Francia, según la denomina la doctrina clásica, o la democracia burguesa, como prefieren llamarla las corrientes del pensamiento crítico, derogó el principio de inmunidad que protegía a los monarcas y no se limitó al cambio del paradigma legal, sino que procedió en consecuencia y juzgó a Luis XVI, a quien condenó finalmente a la pena capital, no sin antes librarse una fuerte discusión sobre este aspecto. La sentencia capital fue precedida de un amplio, prolongado y complejo debate sobre si era posible aplicar al rey la ley de la naciente república francesa. Desde tiempos inmemoriales, los monarcas estaban por encima de cualquier ley o juicio. Es más, eran ellos los que dictaban la ley y durante extensos períodos también los que juzgaban. Aún después, cuando las monarquías adquirieron asambleas legislativas y jueces distintos al monarca, el rey permanecía fuera de todo control legal o judicial. El cambio sobrevino en 1791, cuando se expusieron en la asamblea diversas posiciones y finalmente se decidió someter al depuesto monarca al rigor de la ley.

Dictador por un tiempo
La reciente determinación judicial estadounidense retrocede pues a los tiempos previos a la revolución francesa y al pensamiento ilustrado que la inspiró. Configura, en los hechos y en el derecho, una reducción del sistema político liberal-burgués que no está al margen de los retrocesos y la reducción de la democracia a nivel mundial, con los avances de las derechas y las ultraderechas. No es este un hecho circunstancial.

En la nueva fase del capitalismo, estos grupos políticos derechistas y ultraderechistas, apoyados por el poder económico más concentrado, encuentran un obstáculo no solo en la democracia liberal, sino en el Estado de derecho tal como comenzara a configurarse hace más de doscientos años. Si la bandera del neoliberalismo surgido a mediados de la década de los setenta en el siglo pasado enarboló la bandera de la flexibilización de las normas, el nuevo paradigma ultraderechista es la abolición del Estado de derecho. El propio Trump anticipó que, durante su nuevo mandato, sería por un tiempo un dictador.

Por supuesto que la decisión judicial es relativa a uno de los tantos aspectos que configuran el sistema norteamericano. Pero no es menor. Y aunque nada es como antes (la inmunidad no es absoluta ni atemporal, sino relativa en el caso judicial que analizamos), la determinación que amparó al mandatario electo lo coloca en la condición que gozaban los monarcas. La del rey Trump.

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