Opinión | A fondo

Elecciones con principios

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El movimiento cooperativo tiene principios. Y antes de seguir adelante conviene aclarar que no son como los de Groucho Marx, es decir que si estos no les gustan tenemos otros. No, en este caso es una plataforma doctrinaria que tiene origen en el Estatuto de la primera cooperativa de consumo, la de los Probos Pioneros de Rochdale, fundada en 1844, en la localidad homónima de Gran Bretaña.
En ese documento se fijaron las pautas orientadoras para la gestión empresarial e institucional de las cooperativas, algo así como los mandamientos que deben cumplir estas entidades de la economía solidaria. Son, en esencia, grandes guías para la acción destinadas a preservar la naturaleza específica y distintiva de este tipo de organizaciones populares.
Con el tiempo, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organismo ecuménico del cooperativismo fundado en 1895 y custodio de sus fundamentos filosóficos, realizó en sucesivos congresos un análisis exhaustivo del contenido y la vigencia de los principios y valores de la cooperación, confrontando su redacción y significado con la experiencia concreta y los cambios en el escenario mundial.
Así, en el Congreso de Viena de 1966, el llamado Principio de Neutralidad Política y Religiosa fue sometido a un riguroso análisis, llegando a la conclusión de que esa formulación no era correcta. En rigor, se sostuvo, las cooperativas se constituyen para resolver solidariamente las necesidades de sus asociados y, por lo tanto, no pueden permanecer indiferentes –o neutrales– frente a los contextos normativos, las políticas públicas y las realidades del mercado que gravitan sobre la entidad y sus integrantes.
En consecuencia, se dispuso modificar la redacción originaria reemplazando neutralidad por independencia. Y en 1995, el Congreso Centenario de la ACI avanzó en la reformulación del cuarto principio, estableciendo la independencia y autonomía. O sea que en sus relaciones con el Estado, a través de convenios y acciones conjuntas, las cooperativas deben preservar su identidad y el respeto por la pluralidad de su membresía, integrada por ciudadanas y ciudadanos provenientes de diversas culturas políticas, religiosas o pertenencias étnicas.
Esta pauta no está reñida con el ejercicio político de las entidades cooperativas en defensa de los intereses de sus asociados y de la comunidad en su conjunto. Tanto es así que la propia Alianza Cooperativa Internacional estableció criterios y orientaciones para la incidencia del movimiento sobre los poderes públicos, en función de lograr la sanción de leyes, declaraciones y resoluciones que contribuyan al desarrollo y la consolidación de la economía solidaria.
En otras palabas, nada de indiferencia ni neutralidad, sino un activo protagonismo destinado, justamente, a cumplir la misión fundacional de las cooperativas.
Estas reflexiones no son ociosas ni constituyen un mero ejercicio teórico, sino que apuntan a definir posturas institucionales con vistas a las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre.
Para el cooperativismo argentino será de vital importancia el resultado electoral, habida cuenta que la configuración del Parlamento nacional y las legislaturas provinciales contribuirá o no a satisfacer las reivindicaciones del sector.
Esta afirmación tampoco es abstracta. Bastaría con repasar las políticas públicas de la última década en relación con el cooperativismo, para constatar que hubo un fomento significativo de las diversas formas asociativas orientadas hacia la inclusión social, la generación de trabajo decente, la creación de cadenas de valor y el indispensable financiamiento, mediante créditos blandos y subsidios, a un sinnúmero de cooperativas y mutuales.
La articulación virtuosa entre el Estado y el cooperativismo, donde cada parte cumple con su cometido en un plano de respeto mutuo y la comunidad, ha sido la tónica de los últimos diez años. Por ello y en función de avanzar con los objetivos de la Década Cooperativa establecida por la ACI a nivel mundial y el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, en las elecciones legislativas no puede haber neutralidad ni indiferencia, sino sensatez y compromiso.

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