17 de agosto de 2025
Foto: NA
Luego de elogiar el proceso por el cual las importaciones hacen bajar los precios de la economía argentina, y explicar cómo ello le hace perder mercado a las empresas nacionales, el ministro de Economía afirmó: «Alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a mejor precio».
Pero esta «competencia» lleva al cierre de innumerables pymes, y a un impacto negativo sobre sus proveedores, con la consiguiente menor producción y desempleo que genera.
Ante esta situación, resulta interesante intentar pensar con la teoría del oficialismo. Se sostiene que las empresas están agobiadas por los impuestos que tienen que pagar y esta situación les impide competir, y por lo tanto, urge bajar impuestos.
Lo lógico, siguiendo su razonamiento, sería bajar primero los impuestos, de forma de equilibrar las capacidades competitivas, y recién luego liberalizar la importación de bienes y servicios. Pero el Gobierno está haciendo lo inverso.
Entonces, podemos pensar que no están buscando la competencia o la eficiencia, y que con sus políticas están generando el cierre de empresas, especialmente de las pymes.
No nos olvidemos que el presidente llamó héroes y benefactores sociales a los empresarios que estaban escuchándolo en el foro de Davos en enero de 2024, es decir, a los representantes de las grandes multinacionales y los más ricos del mundo. ¿Dónde quedan, entonces, las pymes argentinas en esta visión?
No es de extrañar que en esta administración se privilegie el freno a los precios por sobre la producción nacional, ayudándose con las importaciones, la mayoría productos subvencionados por otros países y con salarios bajísimos.
Volviendo a la actitud del oficialismo, en cadena nacional el presidente informó que enviará un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal, de forma tal que «todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción: cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan».
Ante esta proposición cabe preguntarse si el propio Gobierno aplica esta práctica. Todo indica que no es así. Cuando recientemente se redujeron las retenciones a la soja y el maíz, o se eliminaron las retenciones a 200 productos de la minería, no se identificó «a quién le sacarán», con lo cual estaría incumpliendo lo que solicita en el proyecto de ley que presentaría.
Sin información oficial, y sin Presupuesto Nacional, debemos deducir por nuestra cuenta. Con menor tributación, y manteniendo el estricto superávit fiscal, lo más probable es que recorten aún más el gasto previsional, los recursos del PAMI, los programas sociales, o las transferencias corrientes y de capital a las provincias.
En definitiva, sea por ideología o por pragmatismo, el ajuste continuará intensificándose cada vez más.
