13 de marzo de 2014
La constante reacción corporativa por parte de las grandes cadenas del hipermercadismo frente a las diversas políticas destinadas a controlar el alza desmedida de precios o la regulación de los mismos revela la intensa puja distributiva coronada por la extrema rentabilidad del sector instalado en nuestro país. En el universo de la producción y distribución de alimentos y bebidas se presenta el escenario de mayor impacto dada la incidencia directa en la formación de precios y la altísima tasa de ganancia del sector, cuyos productos son de consumo masivo.
La creciente concentración en la producción, distribución y comercialización (del 75 al 80% en los principales insumos críticos de la llamada canasta familiar) es una herencia del modelo neoliberal, al igual que la desregulación total y la apertura indiscriminada de la economía. En ese marco se instaló la oligopolización y extranjerización de toda la cadena comercial-distributiva alimentaria del país. En esa etapa crucial de la crisis hiperinflacionaria, con el favor de las políticas de desregulación y de la ley de inversiones extranjeras de tiempos de la dictadura, que aún se encuentra vigente, se allanó el camino para la radicación de estos «grandes jugadores». Fue entonces cuando se produjo la lamentable caída de los supermercados de El Hogar Obrero, cooperativa de consumo y edificación que, con más de 300 sucursales y cerca de 14.000 empleados, constituía una institución fundamental desde la gestión cooperativa en materia de distribución y comercialización con precios justos y una política empresaria dispuesta a acompañar toda acción pública que se planteara cuidar el bolsillo popular.
El Hogar Obrero jugó ese rol de economía solidaria durante 90 años. Hoy, la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca constituye otro ejemplo en ese sentido, ya que pudo superar el embate del desembarco de los híper y está presente en más de 50 localidades del país.
La apertura de la economía y de la inversión extranjera determinó una expansión formidable de las grandes cadenas (Carrefour, Jumbo, Walmart), básicamente multinacionales, que prácticamente arrasaron con decenas de miles de pequeños y medianos productores y comerciantes de las zonas y regiones en las que se instalaron, en un proceso que, lejos de amainar, continúa en la actualidad con planes de desembarco estratégico en ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes, cubriendo prácticamente la totalidad del territorio nacional, sin regulaciones a la vista.
En ese contexto, las 6 principales cadenas de supermercados e hipermercados manejan el 89% de las ventas de productos alimenticios, cuando a fines de la década del 80, con la activa presencia del El Hogar Obrero, no superaban el 50%. La actitud corporativa de estas grandes multinacionales de la distribución y logística ha mostrado ya su capacidad acaparadora y deformadora de precios, sufrida por nuestra población en las sucesivas crisis económicas o, más recientemente, cuando conspiran contra las políticas públicas que se orientan a cuidar el ingreso popular.
Además, actualmente podemos observar cómo operan estas grandes cadenas monopólicas en un sentido claramente conspirativo y antidemocrático en Venezuela, del mismo modo que lo hicieron en el Chile de Salvador Allende.
Resulta oportuno, entonces, poner en debate la necesidad de contar con un marco regulatorio para la instalación de las grandes superficies comerciales y, a la vez, de desarrollar la interacción entre el Estado, los privados y sectores de la economía social, que permita fomentar la mayor presencia de cooperativas de productores y consumidores, de los mercados centrales y de un organismo público concentrador para la regulación y abastecimiento. Así sería posible acotar los excesos de rentabilidad, con presencia activa en la cadena productiva, comercializadora y de distribución.
