20 de diciembre de 2021
La decisión del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de implementar prácticas no remuneradas en empresas de la Ciudad con carácter obligatorio para los estudiantes que cursan el último año de secundaria ha sido presentada como una iniciativa de formación laboral. Pero resulta evidente que no se trata de una política pública de formación laboral, sino de una medida en línea con la propuesta neoliberal, en cierta forma anticipada por el CEO de Toyota en agosto, cuando criticó a la educación pública por no conseguir mano de obra calificada en los egresados secundarios. Según sus palabras, «se les hace difícil hasta leer un diario».
Estamos ante una medida promercado, en sintonía con las presiones del empresariado más concentrado por una mayor flexibilidad laboral, ofreciendo la oportunidad a empresas porteñas de un mercado de 24.000 potenciales practicantes gratuitos, sin ningún tipo de cobertura social ni de riesgos del trabajo. Las prácticas educativas preprofesionales existen en nuestro país, reguladas por una ley específica, y son de carácter no obligatorio, precisamente porque la norma se orientó a evitar que los estudiantes se constituyeran en mano de obra barata y precarizada.
En el marco de la recuperación económica, con la consecuente disminución de la capacidad ociosa industrial, y de las buenas perspectivas para la mayoría de los rubros industriales y de servicios en 2022, se perfila la necesidad empresarial de incorporación de mano de obra, en muchos casos con ciertas especificaciones de calificación (torneros, matriceros, digitalización de controles, entre otros), por lo tanto es necesario articular políticas con los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación, el Consejo Nacional de Educación Técnica y las universidades públicas, ya que anualmente egresan jóvenes con sólida formación profesional a quienes se debe orientar hacia las oportunidades laborales.
Estas articulaciones son las señales y prácticas políticas de acompañamiento formativo que necesitan las pymes y mipymes, por ejemplo, la ampliación de las becas Progresar, financiadas plenamente por el Aporte Solidario aplicado sobre las grandes fortunas. Pero nunca deberían ser el argumento para una política de flexibilidad laboral, aspecto que el entramado pyme y la economía social jamás propusieron como condición para fortalecer el empleo y la economía.
Como muy bien señala la destacada pedagoga Adriana Puiggrós, «más que pensar a un estudiante solo como trabajador hay que pensarlo también como futuro ciudadano, que conozca sus derechos, por ejemplo, los laborales. Si trabajan gratis para una empresa eso no es formación laboral».
MABROMATA / AFP / DACHARY
