4 de junio de 2024
Registro nacional. En la Argentina hay aproximadamente un millón y medio de personas con discapacidad certificada.
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El colectivo de las personas con discapacidad aparece una vez más en la mira del ajuste, por eso los ajustadores buscan instalar mediáticamente algunas falacias que les permitan legitimar socialmente los fuertes recortes presupuestarios sobre una de las poblaciones más vulnerables.
Cantidad de personas con discapacidad: ¿una sobreestimación?
La primera falacia apunta a la cantidad de personas con discapacidad, dando a entender que la población está sobreestimada y que esos números solo son posibles en un contexto de guerra o posguerra. El Censo 2010, que releva a la población con dificultad o limitación permanente (población con discapacidad estimada), arroja un resultado de 5.114.190 personas y, según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de 2018, la cantidad es de 3.571.983 personas. Por su parte, el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, informa que en la Argentina hay aproximadamente un millón y medio de personas con discapacidad certificada, mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Estos números resultan inferiores a las estimaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la cual se calcula que hay 1.300 millones de personas con discapacidad, es decir un 16% de la población mundial, porcentaje que se ha incrementado en los países desarrollados y en vía de desarrollo como la Argentina por una mayor expectativa de vida, teniendo en cuenta que un tercio de la población con discapacidad son adultos mayores.
La estimación que realiza la OMS y las estadísticas argentinas ponen en evidencia la necesidad de mejorar el acceso al CUD, el cual debería ser un trámite simplificado y ágil, en paralelo a una eficaz campaña de difusión.
Vale aclarar que el CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, entre otras. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del CUD, conforme a parámetros internacionales. Su tramitación es voluntaria y gratuita.
Crecimiento de pensiones no contributivas por invalidez
La segunda falacia apunta a la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez (PNCI), comúnmente llamadas pensiones por discapacidad y, en particular, al crecimiento sostenido desde 2003. Las NCI –creadas por la Ley 13.478, durante la presidencia de Juan Domingo Perón y reglamentadas en 1997–, fueron una herramienta novedosa para su época, pero en la actualidad se encuentra reñida con la Convención, ya que su otorgamiento está anclado a un certificado médico y su obtención resulta una barrera para una posterior inclusión laboral, promoviendo así el empleo informal o la inactividad laboral.
Hasta 2003, las PNCI no abarcaban la demanda real de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, sino que era un stock cuyo acceso era lo que se denomina «alta por baja». A partir de 2003 se decidió dar respuesta a la demanda real de protección social, lo cual marcó un incremento sostenido hasta llegar al número actual de más de 1.200.000, de los cuales solo un tercio, aproximadamente, posee CUD, ya que actualmente el requisito es un certificado médico y no el CUD.
Durante este periodo, precisamente en 2006, se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, el cual fue ratificado por Argentina en 2008 y otorgada su jerarquía constitucional en 2014. Este tratado establece un marco legal sobre los derechos y garantías mínimos y, en consecuencia, las obligaciones asumidas por los Estados.
El artículo 28 de dicha Convención determina las obligaciones de los Estados para implementar políticas de protección social para un colectivo que afronta mayores niveles de pobreza, de discriminación, de exclusión educativa y laboral. Actualmente, por ejemplo, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad acceden a un empleo formal, sumado esto a los mayores costos de vida y otros factores que tornan indispensable la protección social.
Si logramos desterrar estas premisas falsas, creadas para justificar brutales recortes presupuestarios, podremos abocarnos entonces a mejorar el acceso al CUD, que debería otorgarse con un trámite simplificado y ágil, en paralelo a una eficaz campaña de difusión y, por otro lado, a crear una Asignación Universal por Discapacidad (AUD), que paulatinamente reemplace a las pensiones.
Asignación Universal por Discapacidad (AUD): una propuesta para el futuro
La AUD es un reclamo que tiene larga data e incluso el aval del Consejo Federal de Discapacidad por unanimidad a un proyecto normativo. Esta Asignación permitiría modernizar y dotar de mayor eficiencia y control a las viejas pensiones. Su acceso estaría vinculado a acreditar la discapacidad mediante el CUD y la vulnerabilidad mediante un informe social y el cruzamiento de datos. Por otro lado, fomentaría la capacitación laboral de sus titulares y establecería herramientas dinámicas que promuevan la inclusión laboral.
Ante el consenso generalizado de mejorar las políticas públicas se abren dos caminos, uno de achicamiento, ajuste y desamparo y, por otro lado, uno con más Estado, más eficiencia e inclusión.
