10 de diciembre de 2020
Desde distintos sectores de los ámbitos políticos, sociales, económicos y académicos se impulsa el debate acerca de la inmediata necesidad de la convocatoria de un Consejo Económico y Social que se enfoque en un diagnóstico multisectorial de los problemas más acuciantes en la Argentina. Los argumentos de quienes abogan por un espacio de esta naturaleza se fundan, entre otros puntos, en las propuestas de campaña del Frente de Todos, en el contenido ecuménico del discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y, más recientemente, en el impacto de los duros datos que deja a su paso la pandemia y el llamado a la unidad constructiva plasmado en la carta difundida por la vicepresidenta Cristina Fernández en el contexto de la conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.
La memoria histórica nos transporta 47 años atrás, cuando se formalizó el lanzamiento del llamado Pacto Social, con Juan Domingo Perón en su regreso como presidente y José Ber Gelbard como ministro de Economía. En aquel momento, el Congreso ratificó el acta de compromiso nacional suscripta por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación General Económica (CGE) y el Estado Nacional. En dicho texto, se planteaba como uno de los objetivos fundamentales elevar la participación de los asalariados en la distribución del ingreso, con la meta de llegar al 50%.
Asimismo, se buscaba un programa de estabilización de precios (la inflación era mucho mayor que la actual), un importante plan de intervención estatal en la construcción de viviendas, incrementos presupuestarios en salud, educación y asistencia social, con el objetivo de combatir la exclusión, un plan general de empleo y el propósito de combatir las desigualdades regionales así como la necesidad de controlar la fuga de capitales. Todo ello se inscribía en el marco de un Plan trienal de crecimiento.
El Pacto Social y el Plan Trienal rápidamente lograron avances significativos en la desaceleración del índice inflacionario, la reducción del desempleo, el crecimiento económico en base al aumento del gasto público en salarios, creciente participación de los asalariados en la distribución e incentivos a la industria que se reflejaron en un sostenido superávit comercial y recuperación genuina de reservas.
La exitosa senda del Pacto Social en el marco del plan económico chocó con cambios desfavorables en el contexto internacional como la crisis del petróleo y el brutal encarecimiento de los insumos importados, lo que motivó una incesante puja de intereses al interior de las distintas comisiones que funcionaban como soporte del Pacto.
A 47 años de aquella enorme experiencia los problemas estructurales son similares. Entre ellos, la recurrente crisis cambiaria, la inflación producto de la puja distributiva, el problema del empleo y la producción en el marco de una deteriorada matriz de inequidad que ha llevado a la mayor concentración y extranjerización económica de los últimos 50 años. Por ello la necesidad vital de un acuerdo amplio que contemple consensos básicos de los principales sectores de la producción y el trabajo junto con el Estado.
Asimismo, otra clave para que el acuerdo social en el presente sea más efectivo que su antecedente citado, sería ampliar las representatividades de la experiencia anterior. Esto sería posible con la incorporación activa y participativa del importante sector de la economía social-solidaria, esencialmente del movimiento cooperativo en todas sus expresiones, productivo financiero y de servicios, las que representan una porción significativa del PIB nacional y del empleo, como así también de las organizaciones del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, con significativo peso productivo, y redistributivo, y todas ellas con decidida vocación histórica para aportar en el plan de poner a la Argentina de pie.
