4 de diciembre de 2024
28 de noviembre. Protesta de trabajadores del instituto contra los despidos y el desguace del organismo.
Foto: Marita Costa
La política de desfinanciamiento y desmantelamiento dirigida a los sectores de ciencia y técnica como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), así como la actual embestida contra el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), tendrán consecuencias irreparables en el corto y mediano plazo, con perdidas de grandes capacidades de investigación e infraestructura que han aportado y aportan significativamente al desarrollo del país.
Existe un plan de ajuste que se basa en falacias y descalificaciones al trabajo realizado por el personal, funcionarios y técnicos del INTA, desde un desconocimiento del papel fundamental que juega este Instituto creado en 1956 por decreto de la dictadura entonces denominada Revolución Libertadora. El organismo se estructuró recién dos años después, con la designación de su primer directorio y la apertura de concursos públicos para todos los técnicos e ingenieros que se postularan para sus diversas áreas de investigación y experimentales, un esquema concursal que se mantuvo en sus 66 años de vida tanto en tiempos de dictaduras como de Gobiernos constitucionales.
Además, como señala Susana Mirassou, la primera y única mujer presidenta –durante el periodo 2019-2022–, «el sistema de gobernanza del INTA tiene un Consejo Directivo, consejos de centros regionales, centros de investigación, consejos locales, asesores de estaciones experimentales y agencias de extensión, siempre trabajó en cooperación público-privada con sectores de la producción agropecuaria, las provincias, los municipios y las universidades, una verdadera muestra de gestión democrática eficiente».
Detrás del negocio
El Gobierno persiste en su voluntad ajustadora a la que suma una inexacta explicación, expresada por el vocero presidencial Manuel Adorni, cuando presento la justificación oficial para el demoledor plan contra el INTA: «Los objetivos del INTA fueron desvirtuados por la gestión anterior con temas como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar, que malgastaba sus recursos, que tenía exceso de empleados, y que solo la tercera parte de sus predios y propiedades se usaban con fines comerciales y productivos». En base a resoluciones de la Agencia de Bienes del Estado, avanzan en un plan de subasta pública del edificio central, situado en el barrio porteño de Palermo, donde trabajan 140 personas en áreas centralizadas que serían cesanteadas en sus funciones. Existe un afán de desarrollo inmobiliario en ese preciado lugar. El plan de desguace se orienta a la desvinculación de hasta 1.000 personas, un 15% de la actual dotación del Instituto.
Empero, la otra variante de desguace deviene de la clara intención del Gobierno nacional de proceder a la venta de alrededor de 27.000 hectáreas de tierras de altísima capacidad productiva, dado que en ellas se establecieron áreas experimentales específicas, vinculadas a cada desarrollo regional planificado, con cuidado intensivo desde hace décadas, lo que indica el alto valor agregado que las mismas poseen y que constituyen otro apreciado negocio para grandes inversionistas corporativos en un rubro de alta renta potencial.
En síntesis, estamos ante una perspectiva critica para el desarrollo agroganadero del país, con impacto en el entramado de cooperativas de producción, de servicios y de consumo en sectores rurales, así como para las centenares de miles de unidades productivas agrícolas familiares, que perderían un instituto esencial para orientar la producción, el que ha demostrado estar a la vanguardia en las tecnologías y ciencias aplicadas al sector agro-ganadero.
Un aporte invalorable que solo es posible en el marco de un plan de desarrollo integral para el país, como lo señalaba precisamente el ingeniero Horacio Giberti, primer presidente del INTA y ultimo secretario de Agricultura de Juan Domingo Peron: «Cuando no existe un plan nacional de desarrollo, se piensa lo agropecuario en lo estrictamente sectorial, y mirando la producción en lugar de ver a los productores. Buscan como política única aumentar la producción, cuando en realidad la producción tiene que ser el pretexto para que la gente viva bien».
