10 de mayo de 2018
No se le pueden adjudicar al gobierno de Mauricio Macri contradicciones en su política hacia las empresas de comunicación audiovisual. Desde el primer día de gestión, a golpe de decretos, tiró abajo el concepto de la comunicación y el acceso a la información como derechos y la limitación a la concentración empresaria establecida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cada una de las medidas gubernamentales en este terreno favoreció la concentración empresaria en general y, fundamentalmente, el fortalecimiento del Grupo Clarín en particular.
El único límite que encontró la convergencia de intereses del gobierno nacional con el principal conglomerado infocomunicacional fue el poder de lobby de otros grandes jugadores. Por caso, el proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –conocido como «ley corta»– fue enviado al Congreso pocos días antes de la llegada del premier español Mariano Rajoy, quien insistió en la defensa de la empresa Telefónica ante su par argentino. Y logró, claro, que levanten la barrera para que los prestadores de telefonía puedan incursionar en televisión por cable y satelital. Los gigantes podrían «competir libremente» en la prestación de telefonía fija, móvil, internet y televisión (cuádruple play). Y si todo marcha como el gobierno espera, con la aprobación de esta ley tendrá el camino libre para terminar de consolidar la fusión Cablevisión-Telecom, que todavía no recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Tendrán que hacer algún esfuerzo desde el gobierno para explicar por qué no se objeta por posición dominante a una megacompañía que, incluyendo a sus empresas vinculadas, ostenta más del 50% de dominio del mercado de internet, el 40% de telefonía y televisión por cable y más de un tercio de la telefonía móvil. A lo que hay que sumar, la única fábrica de papel para diarios del país, el diario de mayor circulación, radios, canales de televisión, productoras de contenidos, diarios provinciales, señales de televisión, sellos editoriales.
La cuestión esencial es pensar, en ese contexto, qué espacio queda para la diversidad de voces, para la acción de pymes y cooperativas, para la generación de contenidos locales y regionales, para los medios alternativos y comunitarios. En el proyecto oficial, que está bajo consideración del Senado, no solo no se establecen obligaciones de cobertura regional ni de generación local de contenidos, sino que además dispone que los prestadores de servicios públicos deben facilitar a los licenciatarios que surjan de la nueva ley el acceso a la infraestructura. Es decir, por ejemplo, las cooperativas que operan en centenares de ciudades del interior del país deberán permitir el uso de sus instalaciones de infraestructura. Así, empresas de alcance nacional o multinacionales que nunca invirtieron en localidades pequeñas y medianas, podrán ahora «subirse» a los postes y columnas financiados por los propios vecinos a lo largo de las décadas.
El proyecto incluye también una difusa «protección» para pymes y cooperativas en las localidades que tengan menos de 80.000 habitantes, la cual queda sujeta a la reglamentación. En suma, no es más que una promesa, y cabe preguntarse: si es real la voluntad de asegurar la prestación de pymes y cooperativas en estas ciudades, por qué no establecerlo claramente en la ley en lugar de dejarlo librado a la posterior decisión del Poder Ejecutivo.
Siguiendo la línea oficial de uso y abuso de la posverdad, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sostuvo ante la comisión de Sistemas y Medios del Senado que la inclusión es el principal objetivo del proyecto. En aras de esa inclusión se instala una cancha inclinada en favor de las grandes corporaciones, se obliga a los pequeños prestadores a «compartir» sus infraestructuras con ellos «en igualdad de condiciones» y, por si fuera poco, se nombra como «árbitro» a Silvana Giudici, designada al frente del Ente Nacional de Comunicaciones. En su palmarés sobresale la creación de la fundación LED (Libertad de Expresión y Democracia), que actuó como amicus curiae ante la Corte Suprema, en defensa de la posición del Grupo Clarín, en la audiencia pública que el máximo tribunal organizó antes de pronunciarse en favor de la constitucionalidad de la ley.
Parece un partido con resultado cantado.
Congreso para armar. El Ejecutivo presentó su proyecto sobre telecomunicaciones. (Jorge Aloy)
