27 de mayo de 2014
Más de cuatro años y medio después de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual brilla aún por lo mejor de su esencia, el reconocimiento del derecho a la información para todos los ciudadanos, al tiempo que padece las demoras en su aplicación integral a causa fundamentalmente de las trampas judiciales interpuestas por grupos empresarios afectados por sus cláusulas antimonopólicas. Sin embargo, las recientes presentaciones del grupo Clarín, su plan de división en seis unidades empresarias y la apertura del proceso de adecuación de este y otros grupos comunicacionales a los límites que establece la ley –que están bajo análisis de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)–, podrían significar el verdadero fin de ciclo de la concentración mediática.
Mientras tanto, existe otro desafío pendiente. Si bien es imprescindible ocuparse de los grandes medios, no lo es menos construir nuevos. Nuestros medios: cooperativos, comunitarios, de pueblos originarios, de movimientos sociales… Se trata de poblar el 33% del espectro que sabiamente la ley reservó para la comunicación sin fines de lucro, así como de defender y promover también la presencia de pymes. Y hacerlo con alternativas múltiples, diversas, sustentables, que encarnen desde la pluralidad una red comunicacional que rompa con la lógica comercial que predomina casi sin fisuras en los medios argentinos.
No sería justo afirmar que no se han registrado avances. Las políticas de fomento que se pusieron en marcha –entre ellas, el Banco de Contenidos Audiovisuales, el Centro de Producción e Investigación Audiovisual, los concursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Televisión Digital Terrestre– constituyen aportes valiosos para la generación de contenidos que renueven la comunicación. Pero no alcanza. Cambiar la matriz comunicacional de la Argentina es uno de los retos fundamentales para la democracia. Y tampoco sería suficiente si ese cambio se limitara a los medios audiovisuales tradicionales (radio y televisión). Las tecnologías digitales deben ser tomadas como herramientas de esa transformación de la comunicación. La batalla incluye, en ese contexto, lograr el acceso y la participación de la sociedad en los contenidos de la red, abriendo, de este modo, un nuevo espacio para la promoción cultural, la formación y la inclusión ciudadana.
Romper la lógica comercial implica salir del debate circunscripto al destino de la pauta oficial, agitado por la gran prensa, a la que sólo preocupa la distribución de la publicidad estatal, pero que oculta minuciosamente la distribución de la pauta de las grandes empresas. Una mirada alternativa, más amplia, del tema de la sustentabilidad de los medios determina que la publicidad no puede ser la única alternativa de financiamiento de proyectos comunicacionales. De este modo, es posible pensar en un modelo de producción de contenidos desligado de la búsqueda de una pauta publicitaria para sostenerse.
El Estado debe jugar un papel trascendente en la sustentabilidad de los nuevos actores de la información y la cultura, de aquellos que ocuparán el tercio del espectro que establece la ley y que, de igual manera, actuarán en los espacios que abre la tecnología digital. No es nueva la disputa entre corporaciones multimedia y grandes grupos de las telecomunicaciones por el control de lo que llaman «mercados convergentes». Sin intervención del Estado, las mayores posibilidades que ofrecen estos desarrollos tecnológicos sólo servirán para profundizar la concentración y exacerbar aún más la comercialización de contenidos culturales e informativos.
Cambiar la lógica que predomina en los contenidos de los medios de comunicación, diseñados para vender e influir políticamente, por un enfoque que –como sostiene la Coalición por una Comunicación Democrática– priorice la circulación de ideas, la pluralidad real de voces y la participación social: de esa manera se profundizará la democracia y se hará efectivo el derecho a la información.
