27 de marzo de 2019
Como era de esperar, el severo ajuste sobre la economía impulsado por el Gobierno impacta en la situación de la salud de la población. Esto se pone de manifiesto en varios hechos. En primer término, la disminución del Presupuesto, que en 2019 prevé una participación de los gastos totales en Salud del 0,8% del PIB, con igual proporción a 2018 en un contexto recesivo, lo que significa una reducción real de alrededor del 2,2% frente a la inflación. En 2018 el presupuesto en este rubro sufrió una caída de más del 16% con el resultado de la inflación del 47% anual. La caída, entonces, en solo dos años es mayor al 18%. Las consecuencias son claras. Por ejemplo, según el proyecto aprobado para este año se distribuirán 5,4% menos vacunas que en 2018.
Otro impacto decisivo sobre el gasto familiar en salud se vincula con los incrementos en el costo de las prepagas. En diciembre de 2018, aumentaron las cuotas por quinta vez en el año y, en el acumulado desde febrero de 2016, el aumento en la cuota fue del 165,3%: 22 puntos porcentuales por sobre la inflación. Según la Encuesta de Salud para Buenos Aires, elaborada por la ONG Defendamos Buenos Aires, durante el primer bimestre del año 101.763 personas abandonaron la prepaga. Algunos, para pasar a la obra social que les corresponde por convenio; los menos afortunados, para quedar sin más cobertura que la salud pública.
Como consecuencia, aumenta la demanda en el sector público. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, en enero y febrero, las atenciones hospitalarias públicas crecieron un 42% (diario La Arena 18/3/2019). Actualmente el sistema de salud argentino cuenta con 17.485 establecimientos asistenciales incluyendo los de gestión pública, de la seguridad social y del sector privado (informe Sociedad Argentina de Cardiología). Y las obras sociales nacionales, provinciales y prepagas cubren la salud de más de 25 millones de personas. El sector público cuenta solo con el 38% del total de camas, por lo que la situación complicada de desfinanciamiento y aumento del gasto del sector privado, impacta en la salud de la población en general.
Otro golpe a la capacidad de atender la salud es el aumento de los medicamentos. Solo en 2018, en promedio, los precios de los 50 principales medicamentos consumidos por los adultos mayores aumentaron un 53,24%, por encima de la inflación anual que cerró en un 47,6%, según el INDEC (Clarín 17 /01/2019).
Cuando la comparación es entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, según el Centro de Economía Política Argentina, el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, los analgésicos subieron un 733%; los ansiolíticos, 705%; antiácidos, 686%; antihipertensivos, 658%; vitamínicos, 642%; los anticoagulantes, 541%; otros cardiovasculares, 511%; y antibióticos, 406%. En ese período el aumento de la jubilación mínima fue de un 143%.
La venta de medicamentos en farmacias cayó un 8,6% en diciembre de 2018 en relación con igual mes de 2017. Se trata de un millón de unidades menos, entre los que se incluyen fármacos recetados para enfermos crónicos. Los datos se desprenden de una medición realizada por el observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina. La caída fue del 7,14% en medicamentos recetados y del 12,97% para los de venta libre. La dificultad en el acceso a los medicamentos redundará sin duda en mayor enfermedad y mayor gasto en salud a futuro.
En síntesis, una vez más la salud de la población paga el precio del ajuste económico. Un país con menos salud, sin dudas, tendrá menos crecimiento y desarrollo y aumentará su pobreza. La salud no es solo un derecho, es un motor de crecimiento para cualquier economía.
Sin plan, sin proyectos, con la degradación del Ministerio a Secretaría y con ajuste transcurre la salud de los argentinos. La población no merece esta situación. Urge un cambio de rumbo sanitario y un debate profundo de todos los actores para promover un programa nacional de salud acorde a las necesidades de los ciudadanos.
(Mauro Torres)
