8 de febrero de 2023
Corrientes. Incendios en 2022 sin el presupuesto propuesto para el Plan Nacional de Manejo del Fuego por falta de una ley.
Foto: NA
El bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso redobla la apuesta de un bloqueo permanente al funcionamiento del Poder Legislativo, es decir, al tratamiento de diversas proyectos de ley con impacto directo en la calidad de vida de los argentinos. Bajo la táctica de mantener como rehén al Gobierno para no habilitar el tratamiento de importantísimos temas propuestos para las sesiones extraordinarias 2023, vuelve a utilizar falaces argumentos como el de que crear universidades es un gasto inútil o que los proyectos de 28 leyes propuestas por el Ejecutivo son temas que «no le interesan a la gente». El daño y postergación que le infligen a la sociedad en materia económica, social y sanitaria es realmente cuantioso y para ello vale como ejemplo remontarse al tratamiento del Presupuesto 2022, cuando la oposición no permitió su aprobación.
Ello determinó que no se pudiera contar con el presupuesto propuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego para ese año, que contemplaba la incorporación de cinco nuevos aviones hidrantes, entre otros importantes conceptos de inversión pública, teniendo en cuenta que ya se estimaba un escenario previsible y luego confirmado de un largo período de sequía y su consecuencia de incendios forestales, que alcanzaron un récord histórico, superando las 300.000 hectáreas afectadas.
¿Cómo se podría suponer entonces que no le importa a la gente las consecuencias de no tener las partidas necesarias, por ejemplo, en el Plan de Manejo del Fuego? Las pérdidas totales solamente en los dramáticos incendios que azotaron la provincia de Corrientes superaron los 70.000 millones de pesos (en valores de enero 2022), según un informe difundido por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, CONINAGRO, las Asociaciones provinciales del Arroz, de Ganadería y de Citricultores, la Asociación Forestal Argentina y de Plantadores del Nordeste Argentino.
Seguramente es de interés de la gente el balance de los ganaderos cuando señalan que por la pérdida de las pasturas en Corrientes se dejaron de producir 48.762.715 kilogramos de carne, equivalente a 12.678.306.069 pesos. Eso supone una pérdida del 15% en la producción de carne. También implica un gran impacto en la canasta familiar lo que ocurrió con el arroz a partir del gran siniestro correntino: los arroceros de Corrientes estimaron que se perdió el 40% de la cosecha, lo cual equivale a 300 millones de kilos menos.
Corrientes concentra el 45% de la producción nacional –se sembraron 96.000 hectáreas en la campaña 2021/2022– y la disminución en la cosecha implica un quebranto de 9.540 millones de pesos debido a la menor producción y a la disminución en la calidad del producto. Estos datos demuestran la incidencia potencial que cada proyecto de ley puede alcanzar para vastos sectores de la economía, en su proyección fitosanitaria, llegando a la incidencia en la canasta básica alimentaria de nuestra población y de mejora de calidad de vida de la gente.
Así es que se puede demostrar caso por caso que el espíritu de la mayoría de los 27 proyectos que el PEN envió al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias tiene impacto directo en el interés de la gente y varios de ellos significan recuperación o reconocimiento de derechos sectoriales largamente postergados. Por caso, el sistema de residencias en Salud, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Régimen Provisional Diferencial para los combatientes de incendios forestales, la moratoria de deuda provisional (que afecta a 800.000 personas), la creación de ocho nuevas universidades nacionales, los programas relacionados con mejoras e informatización en el sistema de salud (vinculados con temas de sangre humana, historias clínicas y Síndrome de Down), entre otros.
Juntos por el Cambio reedita el marketing demagógico con este bloqueo al Congreso, persiguiendo su objetivo, mandato de la corporación judicial, de evitar el tratamiento del juicio político a la Corte y la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, esgrimiendo con total ausencia de responsabilidad política que los proyectos están alejados del interés de la gente, mientras queda en evidencia que el objetivo es antirrepublicano, ya que va en el sentido contrario al mandato que le confirió la ciudadanía a quienes eligió como sus representantes.
