Opinión | A fondo

Medios, la ley del más fuerte


Por decreto. El gobierno estableció un nuevo escenario para la comunicación convergente. (Jorge Aloy)

Con la corrección que impone el paso del tiempo, el título del documento presentado a comienzos de diciembre del año pasado por la Coalición por una Comunicación Democrática define la actualidad del sector comunicacional en sentido amplio, es decir, medios de comunicación, telecomunicaciones, Internet y la denominada convergencia entre las distintas vías de difundir contenidos y mensajes. De «Un año fuera de la ley», como se llamó a aquel texto, a «Catorce meses fuera de la ley», de diciembre a febrero la situación no solo no cambió en lo fundamental, sino que se profundizó. El gobierno fijó claramente un rumbo en este sector: cristalizar las posiciones dominantes vigentes y hacerlo vía decreto hasta que logre las condiciones que le permitan sancionar una nueva ley. Aunque, si esto último no se consigue, no se ven afectados los intereses que defiende Cambiemos, ya que se habrá concretado de todos modos el escenario planificado.
La decisión de imponer reglas de juego por decreto en el sector comunicacional salió a la luz en los primeros días de la gestión macrista y persistió hasta el presente. Desde aquel decreto 267/15, que destruyó las cláusulas antimonopólicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –vale recordar, ampliamente debatida en foros públicos, aprobada en 2009 por mayorías parlamentarias integradas por varias bancadas y convalidadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación– hasta el 1340/16, rubricado el último día hábil del año pasado para abrir las puertas a la convergencia entre telefonía móvil, Internet y televisión, pasando por diversas resoluciones reglamentarias, el escenario de la comunicación continúa prácticamente cerrado para la diversidad de voces y con mayores prerrogativas para las empresas que lo dominan.
Y además, pese a reiterados anuncios oficiales, no se concretan inversiones en el sector. Ni siquiera luego de otorgarles a las megaempresas de cada rubro las condiciones solicitadas para la convergencia. Según el especialista Martín Becerra, uno de los más reconocidos analistas en la materia, «con el decreto 1340/16, los gigantes del sector mejoran sensiblemente sus condiciones para acceder y explotar recursos públicos (como el espectro radioeléctrico) y así maximizar beneficios».
Las frecuencias radioeléctricas son un bien público que el Estado debe administrar, y lo hace, en este caso, privilegiando a grandes empresas que ya operan en los rubros que se deben regular ante el desarrollo de nuevas tecnologías. Para Becerra, «la decisión gubernamental valida un modelo de mercado convergente en el que pocos operadores que dominan los mercados que tienden a converger (telecomunicaciones fijas y móviles, audiovisual de pago y banda ancha de Internet) obtienen mayores privilegios todavía».
En ese contexto se producen también otros hechos que muestran hacia dónde va la regulación de la comunicación. Por un lado, medios comunitarios que habían obtenido frecuencias de televisión de baja potencia cumpliendo todos los requisitos fijados por la ley no pudieron emitir durante 2016 por interferencias causadas por emisiones de prueba de Canal 13. Es el caso de Barricada TV. Solo al cabo de incontables gestiones, reclamos y manifestaciones, lograron una reubicación que les permitió comenzar a emitir. Por otro lado, el año pasado sufrieron demoras en los pagos y recortes del Fondo Concursable de Fomento, destinado al desarrollo de medios comunitarios y alternativos. En el mismo sentido puede computarse la situación de la Defensoría del Público, acéfala desde el 4 de noviembre cuando terminó el mandato de Cynthia Ottaviano.
Si bien la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo que estableció la constitucionalidad de la LSCA, expresó que «los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable», para el gobierno de Macri, como lo expresó brutalmente el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la mejor ley de medios es la que no existe. Lo cierto es que sin una ley de carácter democrático, que promueva y defienda la comunicación como un derecho humano, prima la ley del más fuerte. Eso, y no otra cosa, es lo que está sucediendo en la comunicación argentina.