14 de enero de 2024

El DNU 70/2023, titulado «Bases para la reconstrucción de la economía argentina», habilita la posibilidad de convertir en sociedades anónimas a todas las sociedades del Estado. De esta manera –y siempre que el DNU señalado no encuentre un freno en el Congreso o sea rechazado por el Poder Judicial–, se estaría también ante una rápida privatización y entrega a intereses comerciales de todo el sistema de medios públicos de comunicación del país.
Javier Milei está cumpliendo así con la promesa electoral de que «todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en sus manos». No hay en esta afirmación ninguna consideración respecto del servicio público que cumplen las empresas estatales o la importancia que las mismas tienen para la vida económica, social, política y cultural de la Argentina. Se impone el criterio ideológico de la reducción de la presencia del Estado en todos los ámbitos –hasta el punto de hacer desaparecer funciones que son esenciales–, la reducción del gasto público y la falsa supuesta mayor eficacia de los privados en las mismas tareas. El mileísmo denosta al Estado, reniega de su capacidad de acción y lo hace responsable de gran parte de los males (reales o presuntos) y de la crisis.
La ofensiva para la privatización de los medios públicos se apoya en los argumentos generales ya señalados de base claramente ideológica, pero se sustenta al mismo tiempo en el prejuicio construido socialmente a partir del desconocimiento del rol central que cumplen los medios públicos en manos del Estado para garantizar un sistema diverso y plural en un escenario como el argentino, donde existe una enorme concentración corporativa de la comunicación.
Máxime cuando el mismo DNU aludido incorpora otras medidas destinadas a la supresión de los límites a la concentración de radio y televisión a nivel nacional, elimina la prohibición de propiedad cruzada entre quienes ofrecen el servicio de televisión satelital y otros servicios de televisión propiciando, sin ninguna limitación por parte del Estado, mayor concentración que la ya existente en la prestación de los servicios de comunicación de todo tipo.

Cobertura nacional
Pero, ¿de qué estamos hablando cuando decimos «medios públicos» en Argentina? En realidad, nos estamos refiriendo a una red, estructurada como un sistema complejo que cubre la totalidad del territorio nacional. Son 35 canales y señales de televisión (entre ellas la Televisión Pública), 125 radios (entre ellas Radio Nacional), una agencia de noticias (Télam) con 28 corresponsalías, 102 estaciones de transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA) y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).
No menos importante es que dentro del elenco de los medios públicos también se cuentan los medios educativos Canal Encuentro, Pakapaka, DeporTV, TEC TV (el canal de televisión de ciencia y tecnología) y CONTAR (la plataforma pública de contenidos audiovisuales). Todos estos medios se gestionan hasta el momento desde el Estado nacional, los Gobiernos provinciales y las universidades públicas.
Entre sus principales propósitos este sistema tiende a garantizar el derecho a la comunicación, reconocido como derecho humano fundamental por nuestra legislación, el acceso efectivo a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
Es incorrecto pensar que Télam, como agencia de noticias, cumple apenas la limitada función de informar únicamente de lo atinente a la gestión de Gobierno. Télam es una agencia de cobertura nacional, con una agenda plural que es la fuente principal de información con sentido federal para todos los medios, en especial –en muchos casos de forma gratuita– para medios comunitarios, populares, universitarios. Lo mismo puede decirse de Radio Nacional, el único sistema radial también extendido por todo el territorio del país. 

Fuente de inspiración
A propósito de la iniciativa oficial para privatizar los medios públicos la Unión de Televisoras Públicas de América Latina emitió una declaración expresando su preocupación por esta situación. Allí se señala también que «los medios públicos de Argentina han sido fuente de inspiración para muchos canales y sistemas públicos que hoy existen en el continente». En el mismo texto se recuerda que «los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana». Y se subraya que «dado que son un servicio a las personas que habitan nuestros territorios, la existencia de estos medios en América Latina ha sido fundamental a la hora de promover y entregar información imparcial y de interés público; fomentar la producción de contenido de calidad no comercial; potenciar la conciencia cultural; abrir espacio de participación con las audiencias en distintos niveles».
Nada de lo dicho equivale a señalar que la oferta del sistema de medios públicos no pueda ser mejorada para atender de manera más genuina a sus objetivos. Tampoco es argumento suficiente que mayor rating o más audiencia es sinónimo de superior calidad. Sin duda hay posibilidades de mejorar la oferta y optimizar la propuesta de todos los medios públicos para captar más público y promover mayor garantía del derecho a la comunicación y de acceso plural y diverso a los bienes culturales. Pero el camino no puede ser su entrega a manos del sector privado cuyo único objetivo es el lucro debajo del cual no se puede sino predecir la pérdida absoluta de la categoría de servicio público que el Estado debe garantizar.
Los medios públicos educan, informan y entretienen. Son los únicos que llegan a todos los rincones del país, ayudan a construir ciudadanía y ejercer soberanía.
Sin eufemismos, la declaración de las televisoras públicas del continente se titula: «Sin medios públicos no hay democracia».

Compartir