31 de diciembre de 2023

Congreso Nacional. La ausencia del poder Legislativo solo se verifica en períodos dictatoriales.

Foto: Jorge Aloy

La supuesta búsqueda de «la libertad de los argentinos», como define el proyecto de Ley «Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, es presentada como justificación para promover un drástico giro, de carácter claramente regresivo. Lo que se busca, en realidad, es un cambio estructural profundo en el actual funcionamiento de la sociedad en diversos ámbitos, sin que la mayor parte de las medidas propuestas signifiquen mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares. Todo lo contrario.
Tanto la iniciativa, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado la semana anterior, alientan modificaciones de extrema gravedad, dado que suponen el recorte de las libertades públicas y apuntan a acabar con todo atisbo de un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano. 
Por más que se diga perseguir la «modernización del Estado», «la reducción de la burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en los mercados», lo cierto es que se despliega una batería que pone en serio riesgo el mismo funcionamiento de las instituciones democráticas.
Resulta difícil aceptar que existe una situación de emergencia tal que haga urgente retroceder hacia un tipo de capitalismo que supone borrar de un plumazo toda una serie de derechos esenciales, hasta arribar a una situación como la que regía en el mundo y en el país hace más de un siglo, previamente al paradigma de los Estados de bienestar. 
Entre el conjunto de disposiciones impulsadas, que incluso van mucho más allá de la plataforma sostenida durante la campaña electoral, acaso lo más riesgoso es la idea de delegar amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Lo cual, como se propone hasta el 31 de diciembre de 2025 con posibilidad de extensión por dos años, prefigura la virtual eliminación de uno de los poderes del Estado. 
Así lo entendimos legisladores y gobernadores de Unión por la Patria, en una declaración de rechazo al DNU 70/2023 «porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República». A la vez, advertimos, la ley ómnibus «ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales».
Quienes tenemos presente los períodos dictatoriales de mediados y fines del siglo pasado sabemos que la ausencia del Poder Legislativo es tan grave como lo es asimismo la limitación al derecho de reunirse y a manifestarse. O el establecimiento de sanciones para los organizadores de protestas que obstaculicen el espacio público. 
Podemos preguntarnos, además, qué libertad es la que se promueve mediante la supresión o el desfinanciamiento de áreas culturales como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine. Tampoco se entiende el presunto beneficio de enajenar áreas de patrimonio público, mediante la privatización de empresas emblemáticas del desarrollo nacional, como el Banco de la Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas o las integrantes del Sistema de Medios Públicos. 
El impacto social del DNU y del proyecto de ley es también contundente. Véase, por ejemplo, la propuesta de suspender la fórmula de ajuste de haberes de los jubilados, para sustituirla mediante aumentos por decreto, la extensión del periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses, el recorte de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas sin pago de horas extras y la eliminación de las multas por trabajo no registrado. 
Esas y muchas otras modificaciones generan gran inquietud en la población. Al punto que gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales iniciaron un proceso de movilización en busca de proteger sus derechos amenazados.
Las manifestaciones espontáneas de los últimos días serán continuadas por el paro nacional convocado para el próximo 24 de enero por la CGT y las CTA, una instancia que preanuncia la puesta en marcha de tradicionales formas de resistencia contra un modelo antidemocrático en lo social, lo político y lo económico. 

Megaproyecto. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propuesta del Gobierno. 

Foto: NA

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