1 de octubre de 2025
Foto: NA
En línea con su discurso de «desregular» la economía, el Gobierno libertario dio un paso más y derogó varias leyes que le daban un marco normativo a la defensa de los derechos del consumidor.
El objetivo que compartían estas iniciativas era dotar al Estado de las herramientas necesarias para evitar las distorsiones en las cadenas de valor que suelen llevar a que los consumidores deban pagar precios abusivos, mientras que los pequeños y medianos productores reciben una ínfima porción del precio de venta, y se enriquecen los sectores concentrados o cartelizados.
Dentro de ellas se encuentra la «Ley de Abastecimiento», el «Observatorio de precios, disponibilidad de insumos y de bienes y servicios» y el «Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo», que fueron debatidas y aprobadas en el Congreso Nacional en 2014.
En ese entonces, fueron los grandes empresarios los que se manifestaron abiertamente en contra de estas medidas con argumentos que pueden resumirse en uno principal: el total rechazo a cualquier tipo de regulación estatal sobre sus márgenes de ganancia. Una de las declaraciones más sinceras fue la vertida por el titular de la CAC (Cámara Argentina de Comercio): «Respecto de la ley de Abastecimiento hay una cuestión filosófica porque como empresarios nos oponemos a los controles».
Se presentaron varios amparos y la Justicia hizo lugar a ellos. Por lo cual, nunca pudieron aplicarse en su totalidad. Más allá de eso, ratificando la postura de los grandes empresarios, durante la gestión de Mauricio Macri se les incorporaron varias modificaciones, licuando su efectividad para el eventual caso de que pudieran aplicarse. Ahora, se eliminan por decreto.
Es el propio Estado nacional quien no solo las deroga, sino que el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger se jacta de esta decisión y en un tono que roza el sarcasmo, señala en la red social X que constituyen «normas absurdas, limitantes del comercio y que solo imponían costos innecesarios que pagábamos todos los argentinos (…) limitaciones a la comercialización, precios máximos, precios justos, resabios de la ley de góndolas, todas trasnochadas fantasiosos de quienes querían controlar precios». Corona estas expresiones con el título «Eliminando el Soviet».
Es paradójico ya que esas mismas características que menciona el funcionario son las que hacen al sentido de estas leyes. Se basan en la propia Constitución Nacional que en su Artículo 42° estipula que «Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales». No hay nada más que añadir.
