Opinión | A fondo

Mi pueblo, mi cooperativa


(Pablo López)

 

Un grupo de vecinos se organiza para acceder al servicio de agua potable de red; trabajadores despedidos de una textil toman las riendas de la fábrica y vuelven a producir; expertos en informática se asocian para ofrecer sus servicios; alumnos de primaria gestionan una huerta y proveen con sus verduras al comedor escolar. En todos estos casos, y en muchos más, el cooperativismo suele ser la figura de gestión elegida, por ser eficaz a mediano y largo plazo, democratizar la toma de decisiones y generar fuentes de trabajo estables y de calidad. Debido a su naturaleza, a los principios que las rigen, las cooperativas, además, alimentan la economía de las comunidades de las que forman parte (dado que distribuyen o reinvierten sus excedentes en el mismo lugar donde funcionan) y muestran preocupación por el medio ambiente, entre otras ventajas. Su importancia se visibiliza sobre todo en las pequeñas y medianas localidades: allí donde las multinacionales no llegan por ser poblaciones «poco redituables», está la cooperativa, junto con la mutual, el club, la sociedad de socorros mutuos, la escuela pública. Y, en los pueblos donde las entidades solidarias trabajan de forma conjunta con el gobierno municipal, se produce una sinergia con múltiples beneficios.   
Un avance en este sentido es la incipiente formación de la Red de Municipios Cooperativos que se impulsa desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR). La Red, que se lanzará oficialmente en el mes de octubre, propone el establecimiento de convenios marco de colaboración entre gobiernos municipales y cooperativas que fomenten acciones como el «compre cooperativo», la formación de cadenas de valor entre las empresas de gestión social y la implementación de la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, entra otras. «Para todo esto, desde los municipios se pueden implementar iniciativas a modo de políticas públicas y desde las cooperativas aportar conocimiento, experiencia de gestión y capacitación sobre los principios, los valores y la práctica cooperativa», dice Edgardo Form, vicepresidente de COOPERAR y presidente del Instituto Movilizador. El objetivo es, entre otros, «impulsar la democracia como un concepto integral, que abarca las dimensiones política, económica, social y ambiental, y que incluye a la empresa cooperativa como forma de democracia económica».
A lo largo del tiempo, el vínculo entre las cooperativas y los distintos niveles del Estado ha tenido altibajos. A menudo ha oscilado entre la indiferencia y/o la discriminación, y ha llegado hasta la exclusión lisa y llana, a través de leyes y decretos, de la actuación del sector en ámbitos clave de la economía. También hubo momentos más favorables: en el gobierno de Arturo Illia (1963-1966), su vicepresidente, Carlos Perette, impulsó iniciativas que beneficiaron al movimiento en todo el país y, en el caso particular del IMFC, fortalecieron la operatoria de las cajas de crédito, en pleno auge en aquel momento. Más cercanos en el tiempo, los gobiernos kirchneristas (2003-2015) establecieron medidas de apoyo fiscal y financiero, además de incrementar servicios como información, capacitación y asesoría legal y técnica. Otro ejemplo es la modificación de la ley de Concursos y Quiebras –largamente peleada por las organizaciones vinculadas con el ámbito de las empresas recuperadas–, que benefició a las cooperativas de trabajo.
No obstante, vincularse al Estado no supone subordinación: la cooperativa es gobernada por sus asociados, que, a través de los órganos propios de este tipo de entidades, deciden su devenir. En resumen, tal como establece el proyecto de COOPERAR, se trata de establecer un vínculo equilibrado y virtuoso, con un objetivo primordial: mejorar la calidad de vida de las personas. Un fin especialmente atendible en tiempos como los actuales, donde las consecuencias de medidas como la devaluación brusca de la moneda, apertura de la economía y «achique» del Estado comienzan a hacerse sentir, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables.