17 de noviembre de 2021
Aunque a simple vista pareciera ser una buena noticia, la decisión de los países miembros de la OCDE y del G20 de aplicar una tasa impositiva global a las empresas multinacionales, no estaría por ahora encaminada a generar un sistema impositivo mundial más equitativo. Algunas razones: los beneficios obtenidos por las corporaciones más grandes (facturación de más de 20.000 millones de euros), serían gravados en su mayoría por los países en los que tienen sus sedes centrales. El resto de las jurisdicciones en las que operan sus subsidiarias tributarían en una proporción mínima. Un claro sesgo en contra de las finanzas de esos países. Por otro lado, la propuesta disparadora que involucraba una tasa global del 21% o 25% (como planteó el ministro Martín Guzmán junto con sus pares de otros países) quedó reducida a un 15%. Pero, además, en este caso, también tendrían prioridad los países de donde provienen las corporaciones. Como lo expresaron Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, entre otros reconocidos economistas e intelectuales: «Este proceso de reforma se ha diluido de tal manera que beneficiará abrumadoramente a los países ricos (…) deja de lado la aplicación del principio de equidad según el cual las empresas deben tributar en las jurisdicciones donde se generan sus beneficios». Algo que no debería sorprendernos. Algunos datos: 7 de las 10 empresas más grandes del mundo son estadounidenses; además, el Reino Unido y sus territorios de ultramar son los responsables de más del 60% de los abusos impositivos corporativos del mundo (TJN). Poderosos intereses en juego en un sistema que cuesta alrededor de 240.000 millones de dólares al año en evasión fiscal. A pesar de ello, es vital seguir apoyando este tipo de iniciativas que, aunque deberían ser mejoradas, se están evaluando en esferas en las que nunca antes se habían siquiera mencionado.
