26 de octubre de 2024
Milei. La discusión por el presupuesto universitario es para el mandatario un tema de «curros de delincuentes».
Foto: Getty Images
El 9 de octubre pasado al ser entrevistado en LN+ el presidente Javier Milei habló sobre el conflicto que el Ejecutivo mantiene con las universidades nacionales y sostuvo que «nunca estuvimos en contra de la educación pública, lo único que queremos es auditar las universidades públicas». Continuando con su argumento insistió: «Si no está en discusión la universidad pública ni su carácter no arancelado, ¿por qué tanta resistencia a ser auditados? Los que no quieren ser auditados son los que tienen algo que ocultar. Todo este escándalo busca disfrazar los curros de los delincuentes».
Falso. Los fondos de las universidades públicas están auditados por los organismos respectivos de las propias casas de estudios, por la Coneau (Comisión Nacional de Acreditación Universitaria) y, por si fuera poco, por la Auditoría General de la Nación (AGN) que, de acuerdo con la ley, es el órgano de control externo responsable de revisar la gestión financiera, contable y administrativa de las entidades del sector público.
Milei nunca se desdijo de sus afirmaciones y no solo eso, siguió repitiendo la mentira cuantas veces habló del financiamiento universitario.
Otro ejemplo. Desde el 11 de septiembre hasta ahora y pese a la contundencia del testimonio entregado por lo registrado en las cámaras, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó sistemáticamente que la Policía Federal Argentina haya rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre durante la manifestación de ese miércoles en los alrededores del Congreso Nacional en contra del veto a la ley de fondos para jubilaciones. Bullrich no solo dijo esto ante los periodistas, sino que lo reiteró en el propio recinto del Congreso en ocasión del debate en comisión del Presupuesto 2025. Tampoco hubo en este caso rectificación, pedido de disculpas o algo similar, sino que, cambiando el sentido de los hechos, la funcionaria calificó de «irresponsable y violenta» a la madre de la niña que fue víctima de gases lacrimógenos.
Se podrían agregar otros hechos y situaciones en los que los funcionarios o sus voceros incurren en graves falsedades e insisten en ellas tantas veces como ellos mismos crean que pueden y deben hacerlo. Además de los discursos de odio que habitualmente propalan y luego recogen sus trols para «viralizar» en las redes sociales.
Impunidad discursiva
Después del veto presidencial a la recomposición de los ingresos de jubilados y jubiladas, el titular del Anses, Mariano de los Heros, afirmó, sin rubor, que las jubilaciones le «ganan» a la inflación y el presidente sostuvo ante un foro empresario que hoy los argentinos son «50% más ricos» debido a la rebaja de tasas (que su Gobierno no gestionó) del FMI.
Todo esto solo a modo de ejemplo ilustrativo de una retahíla más amplia de mentiras. Un buen título para todo ello sería: «Impunidad discursiva».
Podría decirse también que esto ocurre porque hay un sistema mediático, cultural y político que así lo permite. Hay medios y periodistas que comparten y amplifican el fenómeno, parte de la sociedad dispuesta a creer en las mentiras y una oposición política que en buena medida se ha demostrado incapaz de enfrentar este tipo de falsedades.
La palabra ha perdido valor, casi nada resulta creíble. Y cuando ello ocurre lo que se desgasta son las relaciones sociales. Si la palabra –soporte insustituible para tejer nexos comunitarios– deja de tener valor, se destruyen los lazos sociales o se los daña gravemente. Así no hay diálogo posible en la sociedad.
Jesús Martín Barbero (1937-2021), uno de los máximos referentes académicos de la comunicación latinoamericana, sostenía que «dialogar es tomar conciencia del nosotros que somos, descubrir en la trama de nuestro ser la presencia de los lazos sociales que nos sostienen. Es echar los cimientos a una posesión comunitaria del mundo (…) Porque el diálogo forma parte de la praxis del hombre, de la que construye la justicia haciéndola no solo verdadera sino eficaz o efectiva, mejor aún: “La justicia es el derecho a la palabra”, a la posibilidad de ser sujetos en un mundo donde el lenguaje es el lugar del “nosotros”». (La palabra y la acción, 1972-2018, p. 103).
Cuando las palabras son vaciadas por la mentira sistemática convertida en estrategia, pierden sentido, no tienen valor, las relaciones sociales carecen de sustento y la democracia está en peligro.
