1 de octubre de 2021
Las pensiones por invalidez laboral, otorgadas por el Estado Nacional, están destinadas a personas con discapacidad. Los titulares reciben un monto mensual equivalente al 70% de una jubilación mínima y la cobertura médica del programa Incluir. Entre 2004 y 2015 se aceleró su otorgamiento, se pasó de 79.000 a 1.065.000, priorizándose a la población de las provincias más postergadas. Las políticas de ajuste de Cambiemos se ensañaron con este grupo. Dieron de baja cerca de 40.000 pensiones, cajonearon los trámites de nuevas solicitudes, 6 de cada 10 fueron denegadas, les bajaron el monto al modificar la ley de jubilaciones y desfinanciaron el plan Incluir. Cuando la Justicia falló a favor de los solicitantes, resistieron el cumplimiento de la sentencia. Contrariamente, entre 2020 y agosto pasado se otorgaron 100.000 nuevas pensiones.
Para mejorar aún más las políticas en materia de discapacidad, debiera contemplarse la eliminación de su actual incompatibilidad con el trabajo registrado que desincentiva la inserción laboral, ya que es un riesgo dar de baja una pensión que tardará en ser restituida de no prosperar la relación laboral alcanzada. Muchas personas con discapacidad quedan así relegadas a vivir de la pensión, cuyo monto es insuficiente para cubrir sus gastos corrientes, que suelen ser mayores al del resto de la población. Asimismo, debiera ir migrándose, de forma gradual, para no afectar derechos adquiridos de los actuales titulares de pensiones, hacia asignaciones económicas definidas de forma más respetuosa de la dignidad humana, dejando atrás conceptos como el de invalidez laboral. De todas formas, es notorio que el Estado está más presente, sus políticas valoran la diversidad y acompañan a los grupos cuyos derechos son más vulnerados. Debe profundizarse el rumbo.
