29 de diciembre de 2024

Continuando con su estilo de gestión, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) decidió arrasar –una vez más por decreto– con decisiones democráticas que la ciudadanía argentina adoptó a través de sus representantes en el Congreso Nacional. Esta vez, el objetivo ha sido la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, creada por el artículo 19 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, 26522 de 2009), promulgada después de un largo proceso que incluyó audiencias públicas en todo el país con la participación de multiplicidad de actores, y de haber obtenido 147 votos a favor, 4 en contra y 1 una abstención en la Cámara de Diputados.

Sin atender nada de lo anterior, el ministro Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), mediante la resolución 107 que firmó la interventora Soher El Sukaria, decidió despedir a 104 personas de la Defensoría –que formalmente depende del Congreso Nacional– con el argumento de que estaba «sobredimensionada», que se trata de una institución creada «para doblegar al periodismo independiente» y, según dijo, utilizada por «el kirchnerismo» para «adoctrinar» en contra de sus opositores. Ni una consideración acerca de las funciones y tareas asignadas a la Defensoría y pensadas para salvaguardar derechos de las audiencias en un país con un sistema de medios altamente concentrado y manejado por grupos económicos corporativos.

Nada nuevo bajo el sol en materia argumentativa para el Gobierno, que usa las mismas palabras en diferentes circunstancias, con idéntica liviandad discursiva, con «la metodología de la motosierra» y con el propósito excluyente de alcanzar el «déficit cero» pretendiendo que de esta manera se mejora la calidad de vida de argentinas y argentinos. Sturzenegger explicitó, además, la voluntad del oficialismo de hacer desaparecer a la Defensoría marcándole la cancha a los legisladores al señalar que «el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones».

Superpoderes
La medida, tomada en base a las facultades extraordinarias que los legisladores decidieron otorgarle al Ejecutivo, es un paso más en los recortes a la democracia que viene haciendo LLA a través de medidas que restringen la protesta y las reivindicaciones de derechos ganados por la ciudadanía desde la restauración democrática, en todos los casos a través de leyes que atravesaron todas las instancias parlamentarias.

En el campo de la comunicación, el avance sobre la Defensoría se suma al intento de desaparición de la agencia oficial de noticias Télam, el vaciamiento de los medios públicos, la suspensión de la pauta oficial que afecta especialmente a los medios pequeños y medianos, la intervención del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) y la nueva reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública (decreto 780/24), que restringe seriamente la posibilidad de que se conozcan datos sobre la gestión del Gobierno.

Quienes «festejan» la medida contra la Defensoría del Público son ahora los mismos legisladores de la UCR y el PRO –Silvana Giudici y Hernán Lombardi en primera fila– que en su momento se opusieron a la sanción de la LSCA, actuando como voceros de los grandes grupos corporativos de medios nacionales y extranjeros.

¿Quién pierde y qué se pierde? Pierden las audiencias que se privan de un organismo que –atendiendo a funciones asignadas por ley– no solo cumplió la tarea de recibir y canalizar reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, sino que generó espacios de intercambio, investigación y participación del que se favorecían también los medios públicos y privados, los centros de estudios, las organizaciones sociales y los profesionales de la comunicación con independencia de su lugar de trabajo y de su posicionamiento político. Clara muestra de ello son –entre otras actividades– cuarenta audiencias públicas realizadas en diez años en todas las provincias del país, de las que participaron miles de ciudadanas y ciudadanos de a pie, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Se dilapida también la tarea de capacitación que el ministro lee como «adoctrinamiento» y que, a lo largo de diez años, incluyó acciones de formación en niñez, juventud y medios; comunicación y géneros; de accesibilidad a los medios audiovisuales y de investigación para la profesionalización; monitoreos de noticieros de la televisión abierta a favor de la no discriminación de personas afectadas en la salud mental, entre otras. De todas estas actividades surgieron análisis y recomendaciones para el ejercicio profesional de la comunicación.

El ministro Sturzenegger sí se encargó ahora de decir que LLA «respeta plenamente el derecho de todas las partes a expresarse» sin olvidarse de halagar al presidente por su estilo «frontal, abierto y transparente». Nada en cambio de los agravios de Milei contra los profesionales de la comunicación –incluidos algunos cercanos al oficialismo– a quienes tildó de «corruptos», «ensobrados» y «pedazos de soretes». Menos aún de recordar que sin instituciones y organismos que resguarden y garanticen el derecho a la comunicación lo que se afecta y se pone en riesgo es la democracia misma.

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