12 de octubre de 2017
El gobierno ultima los detalles para un feroz ajuste económico, aunque por la proximidad de las elecciones, todavía no se anima a hacer público su alcance verdadero. El plan no es novedoso y ya rindió sus frutos en las presidenciales de 2015, porque como dijo alguien una vez: «Si les decía lo que iba a hacer no me votaba nadie».
Lo mismo ocurre con una serie de reformas estructurales que, según el establishment, están pendientes. Entre ellas, la impositiva y la laboral. Estos ejes fueron adelantados por los funcionarios, pero sin ahondar en detalles. Se espera conocer el balance de fuerzas que quedará en el Congreso Nacional tras el 22-O, para que decidan la profundidad de los cambios.
Todo indica que la avanzada de la derecha será virulenta en 2018, momento propicio para el ajuste, antes de 2019, nuevamente año electoral. Lo anticipan los propios mercados que, con insistencia, piden acelerar el tranco y que no pase más tiempo para ajustar.
El espíritu del plan gubernamental está plasmado en el Proyecto de Presupuesto 2018, sujeto aún a tratamiento en el Congreso de la Nación. A pesar de ser un proyecto «light» (o gradual) no oculta su impronta decididamente neoliberal. En la búsqueda del mentado equilibrio fiscal se proyecta una reducción importante del gasto público de un 1,0% del PIB (Producto Interno Bruto). Se trata de compensar así la caída del 0,2% de los ingresos, una merma directamente vinculada con políticas como la reducción del alcance del impuesto a los bienes personales y de los derechos de exportación, que ya crecen menos que la inflación.
Las prioridades asignadas en materia de gasto público preocupan. Si en 2015 los intereses de la deuda fueron similares al gasto en educación y cultura, para 2018 se espera que el pago de intereses sea un 40% más alto. Este sendero mucho tiene que ver con la activa política de endeudamiento. Para 2018 se plantea un incremento de la deuda en moneda extranjera de 17.700 millones de dólares, con el consiguiente crecimiento de los ya elevados servicios de la deuda.
Al enfocar la política respecto al déficit primario (que no contempla en su fórmula el pago de los intereses de deuda) se deja en evidencia que estos intereses jamás integrarán el ajuste. Esto constituye un claro default contra los ciudadanos de a pie y por ende para el mercado interno.
Entre otros temas que también preocupan, está el asociado con la evolución del frente comercial externo, muy influido por la intensificación de la apertura indiscriminada de las importaciones. Por ejemplo, en la proyección plurianual 2017-2021, los ingresos en dólares por exportaciones crecerán un 27%, mientras que los egresos por importaciones se incrementarán un 46%. Las dos variables crecen, pero las importaciones mucho más que las exportaciones. Para 2017 se estima un déficit de 4.500 millones de dólares (valor que ya fue superado en los primeros nueve meses del año). Este es un cambio de paradigma que no podemos perder de vista y que tendrá fuertes consecuencias en la vida de la mayoría de la población.
El gobierno estima llegar a 2021 con una pérdida de divisas acumulada de, al menos, 30.600 millones de dólares. Este mayor déficit comercial implica, además de un mayor endeudamiento externo, un fuerte impacto negativo en la industria, las pymes en general y muchas producciones regionales; y traerá aparejado, quién puede dudarlo, la pérdida de miles de puestos de trabajo que seguirán debilitando el mercado interno y la calidad de vida de buena parte de los argentinos.
Este es el proyecto de mediano y largo plazo que deja entrever el Presupuesto. Será indispensable contar en los próximos años en el Parlamento con legisladores que defiendan los intereses de las pymes, los trabajadores y las empresas de la economía solidaria; el proyecto de Presupuesto muestra que necesitaremos una representación que se oponga verdaderamente al modelo de ajuste y empobrecimiento que encarna este gobierno.
