10 de noviembre de 2020
Para el Gobierno, el Presupuesto es una herramienta esencial para ordenar su gestión. También lo es para evidenciar el plan que tiene previsto aplicar. Pero este año el mundo está en pandemia, y nuestro país no escapa de ese contexto, al cual se le suma la emergencia económica y social existente a diciembre de 2019. Una situación que genera incertidumbre hacia el futuro, entre la evolución del COVID-19 y la efectividad de sus frenos: las vacunas y los nuevos medicamentos para combatirlo. Ante este escenario, el Gobierno decidió diseñar un Presupuesto 2021 suponiendo que la cuestión sanitaria se irá resolviendo en el año. Por eso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, definió a este presupuesto como un ancla de transición. Y seguramente necesitará ajustes, como lo han requerido todos los presupuestos en nuestro país: la certeza sobre el futuro no existe. Y por ello cobran relevancia, más que los números concretos, las orientaciones que define. Por ejemplo, hay seis pilares que contienen prioridades estratégicas y, por lo tanto, se los privilegia en recursos: infraestructura productiva y vivienda; innovación y desarrollo (se incrementará la inversión real en 160% respecto a 2019); salud pública; educación y conectividad; inclusión social activa; y género y diversidad. Este es, por primera vez en la historia del país, un presupuesto con perspectiva de género.
Una definición sintética de los objetivos del Presupuesto 2021: consolidar la protección social de los sectores más vulnerables; impulsar una recuperación económica en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social; desarrollo sustentable con una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleo con derechos y contribuya al bienestar social.
Respecto a los ingresos, tan afectados por la pandemia, se están recuperando a paso sostenido, en gran parte por las mayores alícuotas y mejoras impositivas de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, votada en diciembre pasado. Hacia el futuro, el Gobierno planea que la mejora de los ingresos públicos estará dada por la recuperación económica asociada al dinamismo del mercado interno.
Respecto al gasto público, este persigue dos objetivos: impulsar la demanda a fin de fortalecer el proceso de recuperación de la actividad económica, y reimpulsar diversas áreas estratégicas, definidas en los seis pilares ya descritos. Con estos objetivos, entre otros, se duplicarán los gastos de capital (inversiones). Un tema que no puede pasarse por alto: la importante reducción del pago de intereses de la deuda pública, en gran parte gracias a la exitosa refinanciación de la deuda en dólares: este rubro pasará del 3,4% del PIB en 2019 al 1,5% en 2021, un ahorro que se destinará a mayores gastos e inversión.
Según las orientaciones comentadas, los gastos previstos terminan siendo mayores que los ingresos, por lo que se plantea un déficit fiscal primario (sin considerar el pago de intereses) del 4,5%. Una cifra bien alejada del ajuste, y con un sendero de déficit fiscal para los próximos años que se va reduciendo, pero sin resignar crecimiento, ni trabajo de calidad, ni bienestar social.
Varios analistas criticaron el valor del dólar a fin de 2021 de 102,4 pesos; no obstante, es compatible con una inflación esperada del 29% y una leve recuperación de la competitividad cambiaria, ya alta en estos momentos. Más allá de las cifras finales, el mensaje incluido en el presupuesto es claro: no habrá una devaluación de magnitud.
Una característica a destacar han sido los cambios incorporados en el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, y que mejoraron la distribución de fondos y establecieron nuevas normas solicitadas por las provincias. Con este funcionamiento, puede decirse que han salido fortalecidas las instituciones republicanas, con un Poder Ejecutivo que envía su plan de gobierno y un Parlamento que, sin modificarlo en lo esencial, dado que es el instrumento del PEN para gobernar, lo perfecciona.
(NA)
