Opinión | A fondo

Salario muy mínimo


Consejo. Funcionarios, sindicalistas y empresarios: no hubo acuerdo y laudó el gobierno. (Télam)

Una voz popular dice que los hechos valen más que mil palabras. Una frase que parecería haber caducado en esta época de posverdad, una nueva palabra que designa toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público.
Así que devolvamos su protagonismo a los hechos: a fines de junio el gobierno decidió fijar por decreto el nuevo valor del haber mínimo. Es la primera vez que el gobierno lauda en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sin esperar que se llegue a un acuerdo entre los grandes empresarios y los sindicalistas. El Consejo se creó en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y desde entonces, anualmente, ha venido acordando un valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (sMVM) que fue superando a la inflación hasta diciembre de 2015. El laudo decidido por el gobierno de Mauricio Macri tiene un objetivo claro: está cerca de lo solicitado por los grandes empresarios, y muy por debajo de lo requerido por las centrales sindicales. El año pasado el aumento del SMVM se otorgó en tres cuotas: junio y septiembre de 2016 y enero 2017. El laudo del gobierno de este año también establece tres actualizaciones, pero en julio y diciembre de 2017 y la última ¡en julio de 2018!  
Otra cuenta más: a partir de enero, el SMVM se ubicó en $ 8.060, y en diciembre estará en los $ 8.860, un aumento del 9,9% en el año, cuando la inflación, solo en los primeros cinco meses de 2017, llegó al 10,5% (y aún falta considerar la inflación en los 7 meses restantes). Una pérdida de poder adquisitivo colosal.   
Si bien el mínimo de los salarios bajo convenio suele ser mayor al SMVM, este último se tiene en cuenta para establecer varias prestaciones sociales, así como es referencia para muchas remuneraciones de trabajadores no registrados. Pero el impacto va más allá de aquellos a quienes alcanza. Tiene que ver con el mensaje del gobierno macrista que, bajo el concepto de productividad, intenta reducir los derechos laborales. Todo aquello que baje los costos laborales de las empresas sirve a los objetivos de Cambiemos: el incremento de salarios por debajo de la inflación, la reducción de los aportes a la seguridad social y la flexibilización de las condiciones laborales, entre otros. Todas medidas que significan deterioro de los derechos de los trabajadores.
Se ha desarrollado una verdadera campaña publicitaria, liderada por el presidente de la Nación, para avanzar en la flexibilización laboral desde todos los frentes. Algunos de sus dichos: «Las ocho horas que trabajen tienen que rendir» (Alemania, julio 2016); a «nuestros queridos trabajadores… tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas» (en el discurso de conmemoración del Bicentenario, 9/07/16). La frutilla del postre, la asignación del calificativo de «mafia» al fuero laboral.
En estos temas de «productividad/flexibilización» laboral, el gobierno de Cambiemos utiliza a las pymes como las principales afectadas por la falta de incentivos a contratar más trabajadores, acosadas por los costos y los juicios laborales. Si bien hay que discutir sobre cómo impactan estas cuestiones en las pymes, los principales problemas de estas se encuentran en los aumentos de tarifas, la importación indiscriminada y la reducción del mercado interno. Estas son las condiciones que el gobierno desea ocultar tras la fachada de «cuánto cuesta un trabajador».
En verdad, la flexibilización laboral beneficiará principalmente a las grandes y muy grandes empresas, que están esperando que estas normas avancen para incrementar sus niveles de rentabilidad.
Hay una muletilla que se utiliza también para cualquier reclamo que vaya contra los planes del gobierno: si los salarios no bajan, si no se flexibiliza, si las jubilaciones suben y aumentan el gasto, si se producen manifestaciones por reivindicaciones sociales, entonces las inversiones extranjeras no vendrán. Un típico ejemplo de posverdad en la Argentina actual.