17 de septiembre de 2024

Mediante el decreto 780/24 firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) introdujo un cambio reglamentario para restringir de manera drástica el acceso a la información pública, un derecho establecido por la ley 27.275 aprobada por el Congreso Nacional en 2016 y promulgada por el expresidente Mauricio Macri.

A primera vista, lo resuelto puede aparecer como una limitación que solo afecta a quienes ejercen el periodismo. Por el contrario, lo decidido impacta al conjunto de la ciudadanía y atenta contra la democracia porque constituye un ataque a la libertad de información, limita el derecho ciudadano a la toma de decisiones de manera informada, contradice los estándares internacionales de derechos humanos y entra en contradicción con el derecho a la comunicación como derecho humano fundamental.

Así quedó plasmado también en un documento conjunto emitido por más de setenta organizaciones del más variado espectro social, político y cultural, en el cual se expresa, entre otras consideraciones, que lo dispuesto «genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del Gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado».

«Toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley» (27.275) se lee en el texto original de la norma que entiende por información pública «todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados (artículo 7) generen, obtengan y transformen, controlen o custodien». Milei pretende que a partir de ahora «no se entenderá como información púbica a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados» por la ley. De esta manera, el decreto obstruye el sentido amplio de acceso a la información pública establecido legalmente.

Al margen de las valoraciones jurídicas –que no son propósito de esta nota–, el decreto reglamentario incurre en consideraciones generales poco precisas como, por ejemplo, introducir el principio de «buena fe» para evaluar los pedidos de información pública y, llegado el caso, utilizarlo como argumento para rechazar una solicitud. En un sentido similar se agrega la pretensión de confeccionar un registro de solicitantes (mediante identificación con DNI, domicilio y correo electrónico) que vulnera el principio de «informalismo» apuntado por la ley (artículo 1) al señalar expresamente que «las reglas de procedimiento» o el «incumplimiento de requisitos formales no pueden ser impedimento para negar el acceso a la información pública». Súmase a lo anterior la intención, ni siquiera solapada, de elaborar por cuenta del Gobierno una suerte de registro de reincidencia que pueda considerar como «mala fe» la reiteración de los pedidos o bien establecer que la consulta ya fue respondida, aunque el solicitante no la considere satisfactoria.

Que no se diga
¿Quiénes usan el recurso de solicitar acceso a la información pública? Según la ley, cualquier ciudadano está en condición y posibilidades de hacerlo. Es cierto, sin embargo, que como recurso para su labor profesional los periodistas acuden asiduamente a este procedimiento. A modo de ejemplo, un pedido de acceso a la información permitió conocer en 2020 la lista de quienes participaron en una fiesta en la residencia presidencial de Olivos, en plena cuarentena, para celebrar el cumpleaños de Fabiola Yañez. Más recientemente, un pedido de acceso a la información hizo público, en mayo de este año, que el Ministerio de Capital Humano retenía cinco millones de kilos de alimentos en depósitos de Villa Martelli (Vicente López, provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). Sin acceso a la información pública tampoco se hubiese conocido el monto de lo gastado por Javier Milei en sus viajes al exterior o el envío de oro al exterior que realizó el Banco Central. 

Pero también los diputados y senadores usan el recurso de acceso a la información para que el Ejecutivo aporte antecedentes de determinados temas que luego se transforman en proyectos de ley o en decretos. Ocurrió con el DNU 70/23 este mismo año. También para pedir que los funcionarios den cuenta de sus actos de gestión. Ahora el Gobierno libertario pretende mantener en secreto el uso de 100.000 millones de pesos para la SIDE.

Frente a la reacción política en contra del decreto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consintió ante los diputados que se podría revisar la medida. Manuel Adorni, vocero presidencial, lo desmintió al día siguiente. Nadie lo admite oficialmente, pero entre quienes circulan en Casa Rosada se señala a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, como inspiradora de la medida restrictiva. Lo concreto es que lo resuelto es un nuevo ataque a la democracia y a los derechos ciudadanos. Afecta a todas y todos los argentinos y argentinas, aunque no todos tengan conciencia de ello. Y como bien lo señala el diputado Sergio Palazzo: «En su decreto, Milei alude al riesgo de brindar información por diversas razones, pero son ellos los que nos ponen en riesgo a todos los argentinos, con su impunidad y su manipulación de lo que dice la ley para no querer dar información».

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