Opinión | A fondo

Sobre los fondos buitre

Fue la culminación de una larga batalla en la guerra contra los fondos buitre. La aprobación en Naciones Unidades, con acompañamiento de 135 estados, de los 9 principios básicos para reestructuración de deudas soberanas impulsados por la Argentina es el corolario de una pelea desigual que enfrentó nuestro país contra un sistema financiero voraz que se nutre de dinero carroñero.
Los principios rectores que delineó el equipo económico argentino permitirán que se respete la voluntad de la mayoría de los acreedores en el caso de un arreglo equitativo. Esto conlleva que los fondos que litiguen no puedan extorsionar a una nación soberana y poner en riesgo la reestructuración de una deuda, como sucedió con nuestro país y con otros anteriormente. La defensa del canje, que para algunos fue un capricho, era un derecho para quienes ofrecieron un arreglo a la cesación de pagos que se dispuso en 2001 y también para el 92,7% de los tenedores de deuda defaulteada que aceptó ingresar a la operación con un recorte. «Con la complicidad de cierto sector judicial de este país (en referencia a Estados Unidos)  pretendieron que al 7% le pagáramos 20.000 millones de dólares, cuando la reestructuración al 93% había sido de 42 millones de dólares», señaló la presidenta Cristina Fernández en su discurso ante la ONU dos semanas después de que se aprobara por amplia mayoría el paquete de principios que impulsó la Argentina.
Los votos en contra de la iniciativa hablan por sí mismos. Los países que se opusieron a que las renegociaciones de deuda no sean interferidas por fondos especulativos fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Canadá e Israel. No se esperaba otra cosa. Los dos primeros defienden a los centros financieros más grandes del mundo, donde los fondos buitre son parte del esquema. En Estados Unidos estas firmas carroñeras financian campañas presidenciales e «invierten» millones en lobby para convencer a legisladores y a jueces. Japón y Alemania también cuentan con centros financieros de importancia, pero además pretenden –al igual que los primeros– que los países que caen en cesación de pagos no se libren de esta situación sin pagar un «costo», que vendría de la mano de estos fondos especulativos. Mientras que los votos de Israel y Canadá están atados a compromisos con los Estados Unidos.
El deseo que subyace en la votación de estos países por mantener el statu quo es el de perpetuar la dependencia. La Argentina es un mal ejemplo para los principales centros financieros que vieron cómo un país sin apoyo de los organismos internacionales pudo resolver su problema de endeudamiento y encarar un proceso de fuerte crecimiento.
La presión de estos fondos radicados en paraísos fiscales también se hizo sentir en nuestro país. Varios políticos, economistas y analistas bogaban por una aceptación incondicional de los designios del octogenario magistrado neoyorquino, siempre permeable a las demandas carroñeras. La lógica de esta defensa esconde el interés de volver a emitir deuda, lo que implica la vuelta de un negocio para los bancos colocadores, que a su vez, hacen lobby a voceros del establishment local.
El desendeudamiento como eje de la política económica demostró ser una cruzada válida que le permitió al gobierno morigerar los efectos de la restricción externa de divisas en momentos de contracción del comercio exterior ante la imposibilidad de financiarse en los mercados externos a tasas razonables. También supo dar alivio frente a desaciertos en política monetaria y cambiaria, que con su errante aplicación complicó más de lo que logró solucionar. Fue entonces posible utilizar las reservas para seguir pagando vencimientos en tiempo y forma, proceso que los buitres buscaron trabar para forzar un arreglo que los favorezca por sobre el 93% restante.
El sistema financiero define a menudo sus propias reglas y los tribunales estadounidenses se convirtieron en oficinas de atención al cliente. Hubo quienes consideraron un error llevar el tema a un estadio supranacional. Sin embargo, la histórica votación del 10 de setiembre en la ONU dejó en claro que la Argentina no está sola, aunque la madre de todas las batallas contra la desregulación del sistema financiero aún esté por librarse.