15 de noviembre de 2023
Un informe de la IGJ revela que el mecanismo de creación de Sociedades por Acciones Simplificadas, sancionado durante el macrismo, se convirtió en una herramienta para la evasión.
IGJ. Para el organismo, la forma societaria creada durante la gestión de Macri fue en muchos casos un mecanismo para actividades irregulares.
Foto: Jorge Aloy
El modelo de constitución e inscripción de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), una herramienta que se implementó durante la gestión macrista, se promovió en su momento inicial como la panacea para los emprendedores, como la gran herramienta facilitadora para crear empresas en 24 horas a través de internet.
Desde su sanción en 2017 quedó demostrado palmariamente que, lejos de promover el emprendedurismo y la formalidad laboral, esta modalidad abrió una puerta legal para la conformación de muchas sociedades que se constituyeron en «vehículos utilizados para la evasión fiscal y el lavado de dinero», según explicó recientemente la Inspección General de Justicia (IGJ).
Vale recordar que el Gobierno de Mauricio Macri, en una avanzada de neoliberalismo extremo y explícito, creó mediante la ley 27.349, el «Apoyo al Capital Emprendedor» un verdadero eufemismo que en realidad promovía sociedades por acciones sin capital, con objeto múltiple y sin intervención del Estado en su constitución y funcionamiento.
El balance del último quinquenio, desde la promulgación de esta ley, realizado por la IGJ resulta muy ilustrativo. Entre otras aseveraciones el informe señala: «Las SAS se han convertido en un medio idóneo para concretar cualquier tipo de tropelías, desde el lavado de dinero, la usina de facturas falsas y hasta la generación de negocios espurios de un solo día, para desaparecer de inmediato, como se demostró recientemente en la utilización de una sociedad de este tipo para encubrir una operación denunciada por fondos originados en actividades del narcotráfico».
Estos hechos son una señal de alerta en relación con los efectos de una liberalización jurídica en materia de creación de sociedades comerciales o, más directamente, del desplazamiento del papel del Estado a través de los organismos específicos, como proponen las plataformas neoliberales en la actual coyuntura electoral.
Los cooperativistas reafirmamos la imperiosa necesidad de sostener el sistema democrático, con un fuerte rol del Estado en la fijación de políticas públicas, pero también como administrador indelegable de la registración, control y seguimiento de los reales actores empresariales. Solo de este modo es posible avanzar en una senda de transparencia y cumplimiento progresivo de las normas que necesariamente deben regular toda la actividad económica en nuestro país, en defensa de la economía real y no creando oportunidades para la acción especulativa e ilegal.
