25 de junio de 2014
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso recientemente una batería de medidas enfocadas a defender a los usuarios de servicios financieros, especialmente a aquellos más vulnerables. Utilizando atribuciones conferidas por su Carta Orgánica (según las modificaciones realizadas en 2012), que le permiten, entre otras cosas, «regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza», el BCRA se metió con un tema que es una de las principales fuentes de la elevada rentabilidad de los bancos.
El organismo establece un régimen de tasas de interés de referencia para préstamos personales y prendarios, otorgados a personas físicas, del cual se derivan tasas máximas asociadas con el interés pagado por los títulos del BCRA (denominados Lebac) de 90 días. De esta forma, la entidad rectora se reserva la potestad de regular todas las tasas para las financiaciones a individuos, dado que, por otra ley ya existente, las tasas de las tarjetas de crédito están atadas a lo que cobra cada entidad en préstamos personales.
Se determinan ahora dos grupos de entidades: por un lado, las oficiales y privadas más grandes (con depósitos del sector privado superiores al 1% del total del sistema), y por el otro, las más pequeñas.
Para el primer grupo se aplica un coeficiente sobre la tasa base de hasta 1,25 para los préstamos prendarios para automotores y del 1,45 para los préstamos personales. En el caso de las entidades más chicas, los coeficientes son, respectivamente, del 1,40 y 1,80.
Dado que la tasa de referencia ronda el 28%, estos coeficientes determinan que, para los préstamos personales, los bancos grandes no podrán cobrar más del 41% anual y las entidades más chicas tienen como tope el 51%; tasas sustancialmente más bajas que las que hasta la fecha aplicaban la mayoría de los bancos del sistema. Vale la pena señalar que, antes de la medida y según información publicada por el BCRA al 31 de mayo, la tasa promedio de los 10 primeros bancos privados para préstamos personales era del 49,64%, mientras que Banco Credicoop cobraba a esa fecha el 34%.
Otro aspecto a destacar es que la medida tendrá impacto sobre la cartera vigente a tasa variable, ya que los nuevos valores de referencia se aplicarán al momento de repactarse la tasa, cosa que ocurre mensual, bimestral o trimestralmente, según el criterio de cada entidad.
También se avanzó en la regulación de las tasas para los proveedores no financieros de crédito (mutuales, cooperativas y emisoras no financieras de tarjetas de crédito o compra), entidades que en muchos casos actúan como «pantallas» para que algunos bancos otorguen indirectamente préstamos o financien tarjetas cobrando tasas más altas a las informadas al BCRA. A partir de ahora, para tomar préstamos en bancos o «descontar cartera», estas entidades se deberán inscribir en el BCRA, estarán sujetas a la Ley de Entidades Financieras y, por lo tanto, a las recientes regulaciones de tasa.
Otra medida importante establece que las entidades bancarias deberán contar con la autorización del BCRA para aumentar comisiones y cargos de los productos financieros básicos. Esto no sólo defiende a los usuarios, sino que también contribuye a controlar el costo financiero total, suma de los intereses más los cargos y comisiones que debe abonar quien toma un préstamo. Todas estas disposiciones implican una mejora en las condiciones de costos para los individuos que utilizan el crédito y otros servicios financieros.
Las resoluciones adoptadas por el BCRA están orientadas a expandir el crédito en condiciones más favorables para las familias, en un contexto de alta rentabilidad y elevada liquidez de las entidades financieras y de niveles de morosidad bajos en relación con los estándares internacionales, y con la vocación de expandir la demanda para afectar positivamente la economía argentina.
Está de más decir que las medidas comentadas son totalmente acordes con las posturas de nuestro movimiento cooperativo, ya que tanto una mayor regulación a los bancos como las defensas del usuario son ejes centrales de nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros.
