Tensiones

31 de mayo de 2021

Es habitual encontrar en los medios titulares del estilo: «Duro comunicado del empresariado argentino contra las políticas del Gobierno» o «Preocupación de los empresarios por el avance del Estado sobre el sector privado». Son encabezados verídicos aparecidos en enero de 2021.
Si se tomaran al pie de la letra los enunciados, todos los empresarios y empresarias argentinas tendrían esta postura. Bastante difícil que sea así. Más allá de las dificultades impuestas por la pandemia y las debilidades de las empresas que pudieron sobrevivir al macrismo, el Gobierno ha desplegado una serie de contundentes medidas para auxiliar a las mipymes, y ello es reconocido. Estas generalizaciones improcedentes caen aún más en descrédito cuando, al mismo momento de formularse, tres entidades agropecuarias incitan a un paro, pero la cuarta integrante no participa.
Los titulares citados tienen una orientación arbitraria. Claramente no es todo el empresariado. En verdad, se trata de los representantes de las más grandes empresas entre las grandes, que tienen intereses generalmente contrapuestos y muy distintos a los de la mayoría de las mipymes.
Entre estas declaraciones, la más significativa fue la del «Foro de Convergencia» que representa a las empresas más grandes que producen en nuestro país (tanto nacionales como extranjeras). Este foro reclama el cese de «la repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos»: ya se observa la orientación partidaria. Leyendo entre líneas, están solicitando la eliminación de cualquier tipo de regulación sobre las empresas, como las limitaciones a los aumentos de precios y el mantenimiento de las tarifas públicas (que benefician a una gran parte de la población), o la declaración como «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a internet y otras tecnologías de la información y comunicación (¿quién podría poner en duda tal cualidad a estas alturas?). Estas políticas no le gustan al gran empresariado.
Resulta interesante buscar los orígenes de la palabra establishment, que designa al grupo de representantes de las muy grandes empresas y de los medios que son sus portavoces. Es una voz inglesa ya incorporada al español, que viene del latín stabilis: estable. Se podría decir, entonces, que el establishment desea el mantenimiento de tal estabilidad. Pero podemos poner en duda esta última aseveración. Por ejemplo, en el caso del Gobierno de Mauricio Macri, la orientación principal fue beneficiar a lo más prominente de las empresas a través de exorbitantes aumentos de las tarifas de los servicios públicos, entre otras medidas. Decisión que generó una gran inestabilidad en los bolsillos de las familias de menores ingresos. Pero fue aplaudida por dicho establishment.
Reclaman el cese de intervención del Estado, pero ¿qué mayor intervención estatal que el gran blanqueo de capitales en el exterior promovido en el Gobierno de Macri (disimulado como «sinceramiento fiscal»). Una medida con bajísimo costo para aquellos que legalizaron fondos que, como mínimo, se originaron en evasión impositiva. La misma injerencia del Estado que se produjo con los aumentos tarifarios mencionados y otras tantas políticas del anterior Gobierno.
En verdad, lo que desea el establishment es que la situación se oriente hacia la mejora de sus beneficios empresariales. Y si el estado de cosas los beneficia, pujan para que continúe, pero si limita aunque mínimamente sus ganancias, pujan para que cambie. Esta definición nos lleva a una cuestión esencial: las posturas del gran empresariado no son ajenas a tal o cual partido político, apoyan a quien defiende sus intereses. No es casual, entonces, que critiquen a los Gobiernos que privilegian el bienestar de la ciudadanía y que se orientan a mejorar la distribución del ingreso, con políticas sociales activas y un mayor aporte de los que más tienen.