25 de septiembre de 2025
Ninguna vida es descartable. En el barrio porteño de Flores, como en otros puntos del país, feministas y movimientos sociales exigieron justicia.
Foto: Enrique García Medina
Brenda, Morena y Lara eran tres pibas atravesadas por la desigualdad y la falta de oportunidades. El reclamo de justicia de sus familias debe ser el de toda la sociedad. Pero no alcanza con investigar qué jefe narco las ejecutó. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna piba sea descartable.
Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara son una siniestra y dolorosa foto de época, con el marco de la precarización laboral y la creciente presencia narco en el Conurbano. No merecían ese destino tan horroroso. Ninguna piba se lo merece.
Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, eran primas, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, era amiga de ellas. Brenda era, además, madre de un bebé de un año.
El viernes por la noche fueron vistas por última vez en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada –partido de La Matanza– en donde las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Según contaron familiares, las habían contratado para una fiesta a cambio de 300 dólares a cada una. Una oferta, seguramente, muy tentadora en un contexto de vulnerabilidad social. «Plata fácil». Dos de ellas se ganaban la vida ejerciendo la prostitución en la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. No conseguían un empleo, contó un primo de las chicas.
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), junto con la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo porteña, había presentado el 14 de agosto un hábeas corpus que buscaba frenar las detenciones sistemáticas de «trabajadoras sexuales» en los barrios de Flores y Floresta, que –denunciaron–, eran realizadas de manera violenta, sin orden judicial y en violación a la Constitución local. Pero el 29 de agosto la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal de la Ciudad lo rechazó. ¿Esta situación las afectaba? ¿No estaban pudiendo ganar plata para su subsistencia? ¿Tenían un proxeneta? Son interrogantes que permitirán entender el contexto de sus femicidios.
La última señal del celular de Lara se registró a las 23:14 del viernes en Florencio Varela, en la casa donde finalmente fueron encontrados los cadáveres.
Se habla de una venganza narco. ¿Se quedaron con droga? ¿Fue un mensaje disciplinador? ¿Sus cuerpos brutalmente asesinados fueron un golpe dirigido a otro jefe narco?
Son preguntas que, se espera, revele la investigación judicial.
Los rostros, los nombres. Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas.
Foto: NA
El crimen –según se informó anoche– fue filmado, en vivo, ante un grupo de 45 integrantes de la banda de narcos de la villa Zavaleta, que estaban conectados a un vivo de Tik Tok al parecer por orden del jefe narco peruano –buscado por la policía–, donde dice: «Esto le pasa a los que nos roban», y las ejecuta. Las descripciones de la escena son siniestras.
Los cadáveres muestran signos de tortura. Fueron desmembrados, arrojados en bolsas, escondidos bajo escombros.
La saña en femicidios en contexto de crimen organizado en la región es un fenómeno que está creciendo: las acribillan cuando desobedecen, les cortan el cráneo, les marcan el cuerpo, las mutilan. Sus cuerpos destruidos son mensaje.
Fiscales especializadas en la temática coinciden en que las muertes de Brenda, Morena y Lara deben investigarse como un triple femicidio. Esa debe ser la hipótesis que guíe la causa judicial, aunque la prueba luego pueda descartarla. Estamos en un primer momento de la causa y todavía no se sabe qué pasó.
Hay trabajo sexual y tres pibas descuartizadas, una de ellas de ¡15 años! Que una chica menor de edad se tenga que prostituir y vender droga muestra la vulnerabilidad y es en sí mismo un tema de género. Y no hay decisión libre posible para alegar.
¿Había relación previa con la banda? ¿Cuál era el rol de ellas (si es que lo tenían)?
En la región se está observando que el negocio de las bandas narco se complejiza: captan chicas para vender droga, pero también para ofrecer el combo del «servicio sexual más merca»; inducen a las chicas al consumo para que tengan adicción: a los «soldaditos» adictos les cambian droga por «laburitos»; a las pibas, por sexo.
La profundización de la crisis económica y el contexto de precarización laboral son campo fértil para la inserción del narco en barrios empobrecidos. No puede dejarse de lado, por otra parte, el escenario nacional del retiro del Estado, el desmantelamiento de políticas y programas sociales y de naturalización de las violencias.
Brenda, Morena y Lara eran tres pibas atravesadas por la desigualdad y la falta de oportunidades. El reclamo de justicia de sus familias debe ser el de toda la sociedad. Pero no alcanza con investigar qué jefe narco las ejecutó. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna piba sea descartable. No alcanza con horrorizarse ante la saña: hay que exigir políticas concretas para que ninguna piba termine en una bolsa.
