14 de junio de 2022
Los apóstoles del libre mercado son tajantes a la hora de decretar una de sus máximas: que sobreviva el más fuerte. Es decir, todos nos sometemos a las mismas reglas, y quien sea más competitivo sobrevivirá. Cuando Uber llegó a la Argentina, escuchamos que esta plataforma era altamente competitiva y que elevaba la vara de los demás sistemas de transporte privado. Se olvidaba lo obvio: los taxis cumplen una serie de requisitos legales, lo cual incide tanto en el servicio como en el precio. Entonces, ante igualdad de condiciones, ¿la sociedad elegiría viajar en Uber o en taxi? Esa pregunta no tiene una respuesta, porque no tienen las mismas condiciones.
Este proceso de plataformas desreguladas fue bautizado como la «uberización de la economía». Y como es de esperar, también se trasladó al mundo de las finanzas. En este caso lo llamaremos la «uberización de las finanzas». El Ministerio de Desarrollo Productivo firmó un convenio con Ualá, donde se acordó destinar 1.000 millones de pesos para la línea de microcréditos de la compañía. Esta medida recibió un fuerte rechazo de algunos sectores del Gobierno, así como de la Bancaria por no firmar este convenio con un banco público. La respuesta del entonces ministro Kulfas fue que este tipo de plataformas ofrecen alternativas financieras que el sistema bancario no ofrece, y que lo hace de manera más simple y ágil. Pero esto no se debe a una mayor eficiencia de parte de la compañía, si no a la escasa regulación que tiene que afrontar. Posteriormente, el Ministerio firmó acuerdos superadores con distintos bancos. Tanto Uber como las Fintech pueden tener un valor agregado para la sociedad, pero es importante diferenciar este de las ventajas que obtienen de aprovechar la falta de legislación. Y también es importante preguntarnos si estas «ventajas» son finalmente positivas para la sociedad en general.
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