30 de junio de 2021
Luego de superar innumerables escollos que los poderosos y la oposición interpusieron tanto en el tratamiento parlamentario como en la aplicación, el «Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia» ya fue afrontado por el 83% de las personas alcanzadas. En efecto, cerca de 10.000 personas humanas presentaron su declaración patrimonial, dando como resultado una recaudación fiscal por ese concepto de $227.000 millones hasta mediados de mayo.
Los datos indican lo errados que estaban muchos/as legisladores/as opuestos a la iniciativa que decían que el aporte sería judicializado y que la recaudación iba a ser insignificante.
Un breve análisis de la composición de los activos declarados arroja algunos datos interesantes que echan por tierra otra de las críticas que se hicieron oír cuando se propuso esta iniciativa. El 67% de las tenencias de bienes informados lo constituyen activos financieros (bonos de deuda, acciones y participaciones en sociedades), otro 17% son cuentas bancarias y tenencias de billetes, en su mayoría en moneda extranjera. Los inmuebles representan solo el 6% del total declarado y casi la mitad están radicados en el exterior.
Esta realidad contrasta con el argumento que este aporte frenaría las inversiones, ya que los empresarios deberían deshacerse de bienes productivos para poder pagarlo. O que, como reza un comunicado de la UIA, «incrementa los problemas que impiden la reactivación económica» y que «descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo». Cabe destacar que el Aporte solo alcanza a las personas humanas por su riqueza y no incluye a los activos de las empresas.
Otro aspecto a resaltar es que esta iniciativa va en línea con los debates que se están dando en los principales países del mundo. El propio presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, manifestó en su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa que «el efecto derrame en una economía nunca funcionó». Una clara crítica a las ideas neoliberales de beneficiar a los estratos más altos de la sociedad, ya que en algún momento su bienestar generará un efecto positivo en el resto de la ciudadanía. Biden dejó en claro que hay que acabar con los resquicios que permiten a los más ricos pagar impuestos muy por debajo de lo que deberían según sus ganancias.
Por su parte, el Director de Finanzas del FMI, Vitor Gaspar, señaló recientemente que «la mayoría de los países tienen tasas impositivas relativamente bajas en relación con el PIB y creemos que deberían incrementarlas para financiar el gasto social. Las opciones que vemos más prometedoras pasan por una carga adicional en el impuesto sobre las personas físicas más ricas o uno sobre el exceso de beneficios empresariales».
Cabe destacar el carácter solidario del aporte aprobado en la Argentina, tanto por afectar a solo el 0,02% de la población, su segmento más rico, como por haber sido destinado al auxilio de los sectores más perjudicados por la pandemia. Gracias al aporte de unos pocos, quienes no verán alterada su calidad de vida por esta contribución, una gran mayoría de la población se verá beneficiada a través del financiamiento del gasto en vacunas y medicamentos, subsidios a las pymes, recursos para las becas de estudio Progresar y mejoras en las condiciones habitacionales de los barrios populares.
Es interesante finalizar con un ejemplo contundente: Ramona Miño, secretaria de Integración Socio Urbana y habitante del barrio La Cava, en Beccar, señaló que gracias a los fondos obtenidos a partir del Aporte Solidario, proyectan una financiación de 50.000 millones de pesos para el Fondo de Integración Socio Urbana, que permitirá mejorar el acceso a los servicios públicos como el agua, cloacas y electricidad en los barrios populares. Será muchísimo más que los escuetos 100 millones de pesos que recibió ese Fondo en todo 2019. Esta situación concreta da una idea de la importancia que tiene el Aporte Solidario en las condiciones de vida de las personas.
Está claro que el aporte no resuelve la cuestión de fondo, pero marca el rumbo de las políticas que hacen falta para construir una sociedad más justa y equitativa.
AFIP. A mediados de mayo ya habían pagado más del 80% de los alcanzados. (Horacio Paone)
