25 de enero de 2025

Frente a la historia de la crisis agropecuaria, quienes tenemos algunas décadas de experiencia decimos: «Esto ya lo vivimos». En las últimas semanas se divulgó la noticia de la cesación de pagos del Grupo Los Grobo, primero en relación con sus compromisos a través de sus Obligaciones Negociables y luego a sus obligaciones directas con el sistema financiero. Seguidamente, otras firmas como Red Sur y Agrofina, se sumaron a esta nueva «ola» de incumplidores.

De más está decir que esta serie de anuncios genera un impacto severo en miles de productores, chacareros, acopiadores y cooperativas, además de sectores del comercio en la cadena rural que tienen acreencias con esos grupos, a lo que se suma el corte en la cadena de pagos, en varias zonas de la pampa húmeda y del noreste argentino.

Todavía tenemos muy fresco en nuestra memoria colectiva el recuerdo de las sensibles consecuencias del «default» del Grupo Vicentin en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, que arrastró a más de 3.000 productores a una perspectiva de quebranto, dejando a merced de los grupos trasnacionales una porción significativa del procesamiento y exportación de granos y oleaginosas.

Otra alarma se está dando en el sector frigorífico, donde si bien al comienzo del actual Gobierno los grandes empresarios del sector auguraban el inicio de un ciclo venturoso para las exportaciones cárnicas, varios conglomerados industriales han suspendido turnos, produjeron despidos y, en el último mes, tres frigoríficos con cupos de exportación asignados han cerrado sus plantas, con despidos masivos e incumplimientos de embarques ya anticipados con destino a China.

Es que en el primer año de Gobierno libertario, el consumo per cápita de carne en nuestro país cayó casi un 18,5%, llegando al más bajo consumo anual de las últimas décadas, de solo 42 kilos por habitante.

Hoy se reconoce en los ámbitos agropecuarios que la inflación en dólares en los insumos, el precio internacional en baja de la soja y los cereales, y la escasez de lluvias generaron malestar en varios sectores del campo afectados por la política económica de un Gobierno que se ufana de una buena relación con el agro.

El amplio espacio de arrendatarios rurales, el que más creció a partir del fenómeno de la superconcentración agraria, es en la actualidad el más sensible a esta situación de crisis.

Como ya ocurrió en forma de cascada con los factores detonantes que afectaron al sector agropecuario en los distintos ciclos neoliberales de las 4M –desde la dictadura cívico-militar con José Alfredo Martínez de Hoz hasta Javier Milei, pasando por la década menemista y la experiencia macrista–, es de suponer que todos los sectores del campo comenzarán a sentir estos efectos de un mercado interno deprimido a niveles recesivos, del atraso cambiario, la inflación sectorial en dólares y las consecuencias de persistir con un modelo como el sojero que concentra y centraliza la riqueza agraria, haciendo desaparecer miles de pequeños y medianos productores, mientras que arrecia el arrendamiento y, de ese modo, se consolida un esquema en el que los auténticos productores dejan de trabajar su tierra en forma directa.

Paradójicamente, hoy las entidades que representan al «campo», particularmente la Mesa de Enlace, siguen insistiendo en su reclamo solo circunscripto a las retenciones, cuando se opusieron férreamente al proyecto de retenciones móviles segmentadas en 2008. Si actualmente estuviera vigente aquel proyecto, por cuyo rechazo se movilizaron las organizaciones que reclaman la baja de las retenciones hoy, estas se habrían reducido automáticamente más de 12 puntos de acuerdo al valor de los commodities que, en el caso de la soja, tiene un valor internacional en franco retroceso.

En cierta forma, los actuales casos de Los Grobo y Bolsuar, entre otros, y el caso Vicentin hace cuatro años, señalan la acelerada crisis de un modelo agropecuario de hiperconcentración en la producción, basado en el paquete tecnológico, con ejes en la siembra directa y la utilización masiva e indiscriminada de insumos químicos. De igual modo pesa el avance irracional de los pools de siembra, que evidentemente solo procuran la máxima rentabilidad, con apuestas permanentes a la especulación agrícola-financiera. Esto fue alejando a nuestra agricultura y ganadería de un modelo racional, de mejor distribución de la tenencia y la producción, y que pueda asegurar una mayor y mejor calidad alimentaria a nuestra población, sin descuidar las amplias posibilidades de abastecer a la demanda externa, con los ingentes excedentes agropecuarios exportables, como ocurre en los principales países productores de alimentos.

Compartir