1 de mayo de 2025
México. Una de las sedes del conglomerado audiovisual dueño de redes de televisión por cable y satelital, servicios de internet y producción de contenidos.
Foto: Shutterstock
Televisa, la principal cadena de televisión de México y uno de los grupos audiovisuales más grandes y tradicionales en español, quedó expuesta como madriguera de una trama de operaciones de desinformación, fake news y campañas negras, desplegadas tanto en TV como en redes digitales, donde contó con la complicidad de altos cargos de la política y el poder judicial mexicanos, según reveló una impactante investigación periodística de Aristegui Noticias.
Los objetos de las operaciones de desprestigio fueron figuras públicas como Carlos Slim, el empresario más rico de México y dueño de América Móvil (Claro), entre otras empresas; ministros de la Corte Suprema de Justicia; gobernadores o la propia Carmen Aristegui, una incisiva periodista reconocida en toda América Latina.
El equipo de producción de Aristegui accedió a una filtración de 5 terabytes de archivos internos; los #TelevisaLeaks documentan cómo el Grupo Televisa creó una unidad, conocida como Palomar, para manipular e inventar noticias como armas de ataque contra adversarios y críticos. La filtración contiene chats autoincriminadores de cargos directivos, accionistas y empleados de Televisa, miles de fotos, videos, archivos editables e instrucciones.
La revelación de Aristegui Noticias, que desde el domingo 27 está siendo publicada en su sitio, abarca negocios y política y seis años de comunicaciones internas de altos ejecutivos de Televisa que exhiben sus campañas sucias. Desde el lobby por monopolizar los derechos de televisación del fútbol en TV abierta o restringida hasta la injerencia en la colocación e impugnación de candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia, grandes temas de la agenda mexicana entre 2018 a 2024 fueron alcanzados por los tentáculos del grupo de tareas de fake news y desinformación de Televisa.
En su Palomar, Televisa fabricó incluso denuncias falsas de abuso sexual infantil y empleados de la cadena televisiva actuaron como padres indignados por una presunta agresión sexual para difamar al hijo de un juez federal y, de este modo, presionarlo en sus sentencias. El efecto de las operaciones de Televisa es disciplinador y así lo reconocen sus ejecutivos en los chats de la filtración, donde presumen de su capacidad de evitar las regulaciones estatales.
Proveedora de telenovelas para el Canal 7 argentino emitidas en 2024, Televisa es dueña de la mayor cadena de TV abierta en México, posee redes de televisión por cable y satelital, presta servicios de conexión a internet y de telefonía, y es una formidable productora de contenidos (ficción, sobre todo) para terceros. Además, el conglomerado de Televisa está asociado a Univisión, cadena hispana en el territorio de EE.UU., y posee el club de fútbol América, el Estadio Azteca de Ciudad de México y Editorial Televisa, entre otras empresas.
El año pasado, su CEO Emilio Azcárraga Jean, del linaje familiar de la cadena, tomó licencia por estar involucrado en el caso de corrupción conocido como #FIFAgate. Uno de los accionistas de Televisa desde entonces es el magnate David Martínez, con el 7,8% del capital. Martínez es socio del Grupo Clarín en Telecom a través de su marca Fintech. Una de las campañas montadas por el equipo Palomar de Televisa oculta la participación de Martínez en la construcción de una línea de subterráneo en Ciudad de México cuyo colapso, en 2021, provocó la muerte de 26 personas. Toda la culpabilidad, en la manipulación informativa de Televisa, fue dirigida contra el grupo Carso, de Carlos Slim, que formó parte del consorcio responsable de aquella obra.
Del DF a la Patagonia
Que un conglomerado de comunicación quede públicamente involucrado en el tráfico de influencias con autoridades estatales y subordine la producción informativa a sus intereses económicos y políticos directos no es novedad en la región latinoamericana. En Argentina, en octubre de 2022, los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser revelaron en Página/12 un viaje de encumbrados jueces como Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista Mahiques –jefe de los fiscales de CABA, operador judicial del macrismo y fan del presidente Javier Milei–, el entonces ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, el empresario Tomás Reinke, el exjefe de Legales de la SIDE, Leo Bergroth, y gerentes del Grupo Clarín –que habría pagado traslados y organizó el operativo de respuesta pública– a la finca de Lago Escondido del millonario británico amigo del expresidente Mauricio Macri, Joe Lewis, condenado hace un año por la Justicia de EE.UU. por facilitar información privilegiada para especular en mercados financieros.
No obstante, a diferencia del escándalo de Lago Escondido, del que solo quedó evidencia de la desesperación de los participantes por encubrir las pruebas del viaje, la filtración que difunde ahora Aristegui Noticias es testimonio de toda la trama de operaciones urdidas por Televisa, reconstruye en detalle el armado de la unidad clandestina, Palomar, y de sus guiones dedicados a denigrar competidores y a amenazar críticos mediante coberturas televisivas, amplificación en redes sociodigitales, creación de bots y trols, grupos de Facebook y agitación en Twitter (X).
Uno de los protagonistas de la megafiltración es un expresidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Zaldívar, quien hoy se desempeña como coordinador general de Política y Gobierno de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Zaldívar trepó a la cumbre del Poder Judicial con el apoyo de las operaciones mediáticas de Televisa que atacaron a otros ministros, y retribuyó al grupo con contratos millonarios cuando ocupó la presidencia del máximo tribunal.
Como emporio con vocación expansiva, Televisa cotiza en las bolsas de valores de México y Nueva York y sus productos y servicios desbordan las fronteras mexicanas y estadounidenses. Es difícil calcular el daño institucional que sufrirá por estas filtraciones, que no figuran en los documentos de transparencia corporativa con los que presenta la información a inversores, políticos y audiencias.
