4 de diciembre de 2024
La vitivinicultura cuyana enfrentó, hace cuatro décadas, una de las peores crisis de su historia. Monopolios, falta de regulación y éxodo rural de pequeños productores en Mendoza y San Juan.
Un Informe Especial de Acción, 40 años atrás, daba cuenta de las causas que llevaron a la vitivinicultura a la quiebra en la región cuyana, que arrastró a las economías de Mendoza y San Juan a punto tal que los productores dejaron sus tierras en un éxodo rural que otros aprovecharon para hacer negocios.
«Hace ya mucho tiempo que los productores de uva no piensan en progresar; sus preocupaciones se centran, exclusivamente, en subsistir, trabajar como sea y cueste lo que cueste para no abandonar la chacra o, peor aún, venderla por sumas irrisorias», describe la nota. Testimonio del desolador panorama es la localidad mendocina de General Alvear: el 65% de las fincas eran para entonces «tierras yermas y secas, salpicadas a veces por plantitas negras, chamuscadas, que alguna vez fueron excelentes vides». «Si el abandono se prolonga por dos años, para producir nuevamente habrá que volver a plantar la viña y cuidarla cinco años hasta que produzca a pleno», pronosticaban.
El origen de la crisis tenía fecha exacta: mayo de 1980, cuando «luego de un vertiginoso ascenso que lo llevó a controlar –mediante las maniobras financieras más increíbles– la mitad de la producción total del vino, el Grupo Greco cayó estrepitosamente y su responsable terminó en la cárcel por cuatro años».
Desde entonces el desastre fue total: se congelaron los pagos de uva y vino, los productores no tuvieron a quién vender «y hasta Giol, la empresa del Gobierno de Mendoza, dejó de comprarles». El precio del vino cayó un 70%, comenzaron las cesaciones de pago y las convocatorias de remate de miles de productores por deudas impagas, y con ello el abandono de las tierras o su venta forzosa, y el éxodo rural.
Cuatro años más tarde, los efectos recaían principalmente sobre Mendoza, responsable del 73% de la producción nacional, y San Juan, que producía otro 18%. «Allí naufraga, o al menos tambalea, el 25% de la población activa, que está directamente vinculada con la actividad, y un amplísimo sector de minifundistas que trabajan el 80% de las 35.000 explotaciones de viñas existentes», describe el informe.
Monopolio y adulteración
El tema del excedente era otro de los puntos críticos: el país producía en ese tiempo casi 27 millones de hectolitros anuales y se consumían internamente 21 millones, se exportaba el 3% y el problema era lo que sobraba. Desde el Ministerio de Economía llamaban a «diversificar los usos de la uva» y proponían regular la actividad, limitar la producción de vino de mesa, elaborar alcohol etílico y exportar vinos finos que compitieran con productores como España o Francia. Pero para el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de Mendoza, los excedentes no eran «la causa de este desastre». «No hay crisis –decía–, sino una mala distribución de las ganancias y una gran distorsión de la actividad. La vitivinicultura en Mendoza tiene características monopolistas: un puñado de grandes empresas integradas ejerció siempre el control sobre la etapa fundamental, que es la comercialización», declaraba y apuntaba: «Ellos son los dueños de las fábricas y nosotros tenemos que caer en sus fauces. Esto trae el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros y facilita la concentración de tierras en pocas manos porque ahoga al pequeño productor hasta que vende su finca». También denunciaba que las empresas pagaban el vino al viñatero en cuotas, sin indexación ni ajuste, ahogando al productor.
Carlos Magni, presidente de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, que nucleaba a 30 entidades con bodegas propias y 2.500 asociados, advertía que la crisis afectaba a todos, pero especialmente «a los pequeños viñateros» y señalaba, como el origen del problema, el fomento, entre 1970 y 1972, de implantación de nuevas vides, que lanzó un plan indiscriminado de facilidades para instalar nuevas viñas de baja calidad y alto rendimiento, «recargándose la producción donde ya había de sobra: en los vinos comunes», que facilitó la formación de oligopolio como el Grupo Greco.
La adulteración era otro gran problema. Se calculaba que el fraude llegaba a representar un 20% del total del vino que se consumía en el país.
Productores mendocinos y sanjuaninos reclamaban entonces mayor control del Instituto de Vitivinicultura, y a la vez, la generación de una Junta Nacional de Vinos para fijar un valor competitivo, además de créditos promocionales y medidas que controlaran a los «pulpos monopólicos para que no nos devoren».
Y concluían: «La lucha entre el grande, el poderoso y los chicos arroja estos resultados. Y nosotros, los chicos, estamos cansados de salir siempre perdiendo».
