18 de enero de 2024
Con el incipiente regreso de la democracia, comenzaban a tomar forma proyectos de ley para enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado.
Coincidencias y disensos. Abogados de diferente extracción política analizaron el proyecto judicial.
Foto: Horacio Paone
La primera quincena de enero de 1984 Acción proponía «una visión analítica de los proyectos para enjuiciar al Proceso y condenar el golpismo». De este modo, invitaba a leer «los alcances de la decisión oficial en ese sentido, así como los de las atenientes al terrorismo y la equiparación del delito de tortura con el de homicidio», que «fueron desmenuzados por tres abogados de diferente extracción política», con sus coincidencias y disensos. Y presentaba a los juristas de reconocida trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos: «Son ellos el diputado radical Víctor Carlos Marchesini, el abogado peronista Fernando Torres y el comunista Alberto Pedroncini».
«Los letrados consultados coincidieron en calificar como positivos los anuncios que integraron el citado mensaje presidencial», señalaba el informe y resaltaba, en palabras de Marchesini, que las medidas enviadas al Congreso «tienden a la reparación nacional, ya que aquí hubo un gran genocidio, una verdadera masacre».
Con reservas, Torres lo consideraba como «un paso adelante», pero advertía: «Yo hubiese preferido que se incluyera en el juicio sumario a la última dictadura militar» y manifestaba su desacuerdo en que las juntas militares «sean juzgadas por sus pares». Pedroncini coincidía: «El riesgo consiste en que el procedimiento militar no permita la intervención eficaz de los familiares de las víctimas de los delitos, o de las mismas víctimas en muchos casos».
Para entonces, estaban previstas modificaciones al código penal «que había sufrido una militarización» y los juristas hablaban de «valorar la profundización de esos cambios», ya que «se habían establecido penas draconianas a hechos menores».
En referencia al terrorismo, Torres advertía –luego de aclarar que «todos los terrorismos son malos»– que «el del Estado, que procede con impunidad y con el uso de los recursos oficiales, es doblemente malo». Pedroncini, en tanto, admitía que «desde el punto de vista jurídico-político podría decirse que, en cuanto formas de acción terroristas, tanto el terrorismo de ultraizquierda (…) y el terrorismo de Estado son jurídicamente equivalentes», pero sostenía que «no podemos poner un signo igual entre ambas formas de terrorismo en cuanto a cuáles son sus causas».
La nota incluía una entrevista al embajador itinerante de Alfonsín, el exsenador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que había regresado del exilio y era considerado «un interlocutor privilegiado para hablar de la política oficial de derechos humanos».
Para esta edición, Acción lo entrevistó en la casa de Gobierno y al ser consultado sobre los tres grados de culpabilidad que había marcado el presidente para quienes cometieron violaciones a los derechos humanos –responsables ideológicos, los que se excedieron en el cumplimiento de órdenes y los que se limitaron a cumplirlas–, respondió: «Deben considerarse las tres categorías». Y añadió: «Pero, por sobre todo, debemos enjuiciar el régimen oprobioso que nos fue antecedido, no solo a los hombres que fueron sus brazos ejecutores. Enjuiciemos a los principios que lo sostuvieron, y hagámoslo todos, que es la única forma de instaurar definitivamente una vida democrática donde nada ni nadie esté por encima de la ley».
