11 de febrero de 2022
El temario que se apresta a debatir el Congreso pone a prueba las relaciones internas de los bloques. Consolidación de los vínculos con China y Rusia.
Senado. Última sesión del período 2021: el Frente de Todos ya no cuenta con cuórum propio, pero puede alcanzarlo con aliados.
TÉLAM
El tratamiento parlamentario del acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, que será enviado al Congreso una vez que se firme la carta de intención que debe ser aprobada por el directorio de ese organismo, ha suscitado polémicas en el seno del oficialismo y la oposición, al punto de que se torna difícil prever el comportamiento de muchos de los legisladores, aunque en círculos oficiales se descuenta su aprobación. Cabe consignar que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en febrero de 2021, establece que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI requiere de una ley del Congreso que la apruebe expresamente.
Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad del bloque de diputados del Frente de Todos, basada en su discrepancia sobre el modo en que se llevaron adelante las negociaciones, se multiplicaron las especulaciones acerca de la actitud que tomarían quienes comparten esa opinión, pese a que el propio Kirchner aclaró que su intención no era operar contra la aprobación del acuerdo.
El nuevo presidente del bloque, Germán Martínez, un kirchnerista que mantiene buen diálogo con todas las corrientes internas aspira a intensificar las discusiones con los discrepantes tras el objetivo de lograr que, sin ocultar sus diferencias, accedan a consensuar una posición común con el resto de sus pares oficialistas. En el Senado, en tanto, si bien se requieren trabajosas gestiones, las necesidades de asistencia y los intereses políticos de los gobernadores provinciales pueden facilitar la tarea. El tema central de las diferencias está en el contenido de la llamada «letra chica», que incidirá fuertemente en la resolución que adopten los disidentes, quienes temen un ajuste encubierto. Si no hay sorpresas en tal sentido –la conducción económica asegura que ese peligro no existe– es factible que Martínez tenga éxito en su tarea de «reducción de daños».
Divergencias opositoras
Por el lado de la oposición, la cuestión se presenta más complicada. Es que en Juntos por el Cambio conviven media docena de bloques precariamente coordinados, que suelen sostener diversas posiciones, aunque no en todos los casos las exponen públicamente. Por lo pronto, el tándem Mauricio Macri-Patricia Bullrich opera a toda máquina para lograr que el grueso de la coalición opositora se decida por el rechazo liso y llano a efectos de obligar al Gobierno a derogar la ley que exige que el acuerdo sea aprobado por el Congreso, y así imponer el acuerdo por decreto. Lo cierto es que le cuesta encontrar aliados para una determinación tan extrema. Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, aunque no ahorra misiles verbales, evita definiciones que puedan restarle la capacidad de negociación que tanto necesita para afianzar un liderazgo que no termina de consolidarse con vistas a la candidatura presidencial de 2023.
La mejor caracterización sobre el estado de las cosas en Juntos por el Cambio la proporcionó el titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, en una entrevista radial: «Juntos por el Cambio atraviesa un momento de fragmentación, una crisis que tenemos que tomar como oportunidad», aseveró, y agregó: «Respetamos la posición de Patricia Bullrich pero no la compartimos. No creemos que cuanto peor, mejor».
Todo indica que, por el momento, el único consenso existente es dejar la pelota en el campo del oficialismo a la espera de que este supere sus discrepancias internas, aunque Elisa Carrió y Gerardo Morales han salido a jugar más fuerte por diferentes motivos. Mientras la primera –en una de sus típicas cabriolas políticas– parece haber abandonado el denuncialismo para autoconsagrarse como garante de la gobernabilidad, el gobernador de Jujuy procura despejar el camino hacia la candidatura presidencial de 2023 y toma distancia de los halcones que abandonaron –si alguna vez la tuvieron– la intención de acercarse al centro del espectro político.
La diversidad de opiniones es muy marcada dentro de la Unión Cívica Radical, que contiene dos bloques en la Cámara Baja enfrentados por cuestiones específicamente internas y varios francotiradores que suelen expresar sus propios criterios. Los legisladores más duros son acaudillados por Mario Negri, que terminó mal parado después de las últimas PASO, en las que fue derrotado. Los pragmáticos reconocen el liderazgo de Morales, que juega su propio juego. El también titular del Comité Nacional de la UCR consideró en una nota con Radio Mitre que Juntos por el Cambio tiene que dar cuórum cuando el tema se debata y no impedir su aprobación. «De no ser así habría un perjuicio para la economía, y cuando esto pasa los platos rotos los terminan pagando los más pobres», dijo. Morales deberá demostrar una sutileza que no exhibió cuando determinó la persecución de Milagro Sala y la represión a los integrantes del Movimiento Tupac Amaru, para que su postura acuerdista no pueda ser señalada como funcional al Gobierno de Alberto Fernández, como ya han comenzado a sostener sus adversarios dentro y fuera de la UCR.
Aunque nadie puede certificar cómo finalizará la puja, la mayoría de la dirigencia de la UCR se inclina por la abstención, pero un pequeño grupo –que puede crecer o decrecer según el desarrollo de los acontecimientos– se inclina por la aprobación del acuerdo siempre y cuando lo que haya que pagar en 2024 no ponga en aprietos a una gestión que –sueñan los radicales– puede estar a su cargo. A esta altura de los acontecimientos, resultaría apresurado cualquier pronóstico acerca de cómo actuarán finalmente los distintos sectores involucrados.
