30 de enero de 2022
El principio de entendimiento con el FMI es «razonable», definieron las autoridades argentinas, ya que deja un importante margen de decisiones soberanas.
Guzmán. El ministro, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindó precisiones de la negociación en una conferencia de prensa.
NA
Dos años seguidos de crecimiento, el anterior y el actual, expresarían una performance que no se registra desde 2011. Si se añade la perspectiva cierta de mantener esa expansión durante 2023 y aún más adelante, podría visualizarse un panorama auspicioso. Esa módica esperanza, de dar los pasos iniciales para revertir un extenso período de recesión y empobrecimiento popular, expresa el lado favorable del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), «el mejor posible», según la óptica gubernamental. A partir de allí los determinantes serán las propias convicciones y la pericia técnica necesaria para que las medidas adoptadas se traduzcan, como se prometió, en «desarrollo y justicia social».
Esto último, entendido como un rumbo que multiplique empleos decentes y profundice los cambios orientados a corregir privilegios (por ejemplo, de orden impositivo) y mejore los ingresos de sectores populares, con miras a una creciente equidad socioeconómica. Un camino, por cierto, que se transitará bajo la lupa permanente de las revisiones trimestrales del FMI.
Del lado del Gobierno, por lo pronto, se deberán incorporar decisiones audaces para recuperar recursos propios que se pierden día a día en manos de unos pocos oligopolios locales y foráneos, mediante prácticas de evasión y egreso de capitales y restan combustible al consumo y la producción.
Refinanciación
Está claro que la deuda solo se refinancia por un tiempo (30 meses) y sin reducir la carga de las sobretasas por incumplimiento del stand by previo. Se mantiene así el peso del gigantesco préstamo otorgado al anterior Gobierno, que solo sirvió para facilitar la salida de inversores golondrina. Ya la administración elegida en 2023, se proyecta, se encontraría en mejores condiciones para reformular lo que se pactará formalmente en el memorando a firmar en pocas semanas.
Por ahora no es poco, como dijo el presidente, que se hayan evitado compromisos de reforma (flexibilización) laboral, en perjuicio de millones de trabajadores. O el recorte de los derechos recuperados para los jubilados en los últimos años. Tampoco se prevé una baja en el gasto social, ni se privatizarán empresas públicas, ni se prevén reducciones en obra pública, ciencia y tecnología.
La gradual reducción del déficit fiscal (en tres años), en tanto, será consecuencia de la mejora en los ingresos estatales, aunque muchos comentaristas, incluidos quienes tomaron la megadeuda hoy impagable, proclamen un supuesto «ajuste». Lo real es que el rojo de las cuentas públicas bajaría este año un 0,5% del PIB respecto a 2021, muy lejos de la reducción del 3% del PIB en un año que propuso el FMI y aceptó en su momento el Gobierno de Cambiemos.
La recuperación del equilibrio entre ingresos y egresos, según se espera, favorecerá la marcha económica, sin atajos que hoy se transforman en subas de precios o en presiones cambiarias. «No habrá salto devaluatorio», dijo el ministro de Economía. Y añadió que se acepta el criterio de que la inflación es «un fenómeno multicausal», por lo cual se mantendrán acuerdos con empresas para evitar alzas injustificadas.
Hay que recordar, como lo hizo el diputado nacional Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que el Gobierno «heredó una situación de endeudamiento insostenible e inviable». Ese es el condicionamiento real, a partir del cual el nuevo acuerdo con el FMI «puede considerarse aceptable» dijo Heller, si bien «no hay nada para festejar, excepto que se explicita un camino para comenzar a salir del atolladero en que nos metió el Gobierno de Cambiemos».
El precipicio
El expresidente Mauricio Macri sumió al país en un gravísimo aprieto, que el titular del Banco Central, Miguel Pesce, definió en pocas palabras. «En marzo teníamos que pagar 3.000 millones de dólares de capital y sobre fin de año se sumaban 15.000 millones de dólares más. Era un precipicio que teníamos que salvar y el año que viene se repetía el mismo fenómeno, era absolutamente impagable, representaba el 30% de nuestras exportaciones».
En resumen, el nuevo programa de facilidades extendidas a dos años y medio establece que se refinanciarán todos los vencimientos, más los pagos ya realizados al Fondo en 2021, mientras se van fortaleciendo las reservas monetarias. Los nuevos pagos al organismo internacional están previstos a partir de los cuatro años y medio del acuerdo, hasta diez años después del último desembolso.
Adicionalmente, al sortearse el default, que entre otras consecuencias hubiera implicado la caída de todo financiamiento oficial y privado para gran cantidad de proyectos, se descomprime una situación de enorme incertidumbre. En ese marco se aguarda un proceso inverso al que se registra desde 2018, con el acceso a nuevos financiamientos, esta vez sí destinados a finalidades genuinas.
