1 de junio de 2024
Argentina recibió la hoja de ruta con las reformas liberalizadoras a cumplir para ser aceptada como socia del club que nuclea a las mayores «economías de mercado.»
París. Mondino firma el libro de visitas de la OCDE junto al secretario general del organismo, Mathias Cormann, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Foto: NA
Corría el año 2016 y brillaba la estrella del entonces flamante presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Había espacio para sueños de mediano y largo plazo. Entre ellos sobresalía la ilusión de pertenecer al primer mundo desarrollado. Las expectativas se concentraban en obtener la membresía del club de las naciones ricas, la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).
En ese entonces no pudo ser. Pero ahora, cuando vuelve a gobernar el neoliberalismo local en su versión más agresiva, los planes reaparecen. A comienzos de este mes, la canciller Diana Mondino recibió en París la hoja de ruta con los requisitos a cumplir antes de ganar el derecho a ocupar una banca en el organismo.
Los funcionarios más optimistas aspiran lograrlo no más allá de 2027 y celebrar el ingreso al selecto foro que engloba a las mayores economías del mundo «con regímenes democráticos» (ni China ni Rusia), más algunos países de fortaleza mediana, que en conjunto representan cerca del 80% del comercio y las inversiones mundiales. Otros analistas, más cautos, prevén un plazo mínimo de seis años.
Durante la ceremonia en la capital francesa, Mondino recordó que fue en 2022 cuando comenzaron las tratativas concretas para la admisión, proceso que abarcó además a Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania. Pero, a diferencia esos países, no recibió en ese momento la hoja de ruta para su adhesión.
Diagnóstico
La OCDE se define como una organización intergubernamental cuya misión es «diseñar mejores políticas para una vida mejor», mediante soluciones a diversos retos sociales, económicos y medioambientales basadas en datos empíricos.
Para reforzar su imagen aséptica dice ser un centro de conocimientos, datos, análisis e intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Y ofrece su asesoramiento en materia de políticas públicas, estándares y normas en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.
Volviendo a la gestión de Macri, uno de los primeros aportes de la OCDE fue la realización de un «estudio económico multidimensional» de la Argentina, presentado en 2017. Ese diagnóstico comenzaba así: «Tras años de políticas económicas insostenibles (en referencia al período kirchnerista), Argentina realizó recientemente reformas drásticas, lo que le permitió evitar otra crisis y estabilizar la economía».
Según aquel análisis, no muy diferente del actual, las reformas implementadas o planeadas por el macrismo «deberían contribuir a sentar las bases para el aumento del nivel de vida y el bienestar de todos los argentinos». Por eso consideraba «importante continuar la agenda de reforma estructural», orientada a «reducir la inflación y el déficit fiscal», como precondición para un mayor crecimiento del PIB.
Los cambios favorables a la inversión, se sinceraba la OCDE en 2017, «conllevan costos de ajuste, ya que van a desaparecer puestos de trabajo en algunas empresas y sectores y se crearán nuevos en otros». No obstante, prometía que, «con políticas bien diseñadas, es posible proteger a los pobres y vulnerables del costo de ajuste».
El camino
Si bien los primeros contactos con la organización datan de los años 90 del siglo pasado, bajo la presidencia de Carlos Menem, fue en abril de 2017 cuando el Gobierno macrista presentó su Plan de Acción para convertirse en miembro participante. Aquel documento incluyó un conjunto de 16 políticas públicas agrupadas en tres ejes de trabajo: 1. Incrementar la presencia en los Comités Técnicos de la OCDE; 2. Adoptar los instrumentos clave del organismo; y 3. Desarrollar distintos estudios técnicos sobre políticas públicas prioritarias.
El estudio económico difundido tres meses después definió los desafíos a encarar. El primero, asegurar un contexto estable a partir de una macroeconomía sólida y sostenible, con menor inflación, gasto público e impuestos. A tal fin recomendaba reforzar la independencia del Banco Central, priorizar el objetivo de preservar el valor de la moneda, cumplir con las metas fiscales, eliminar los subsidios a la energía.
También se aconsejaba racionalizar el empleo público y el gasto de las empresas estatales, eliminar los impuestos a los ingresos brutos y a débitos y créditos bancarios, ampliar la base imponible del IVA y contemplar una mayor progresividad en las contribuciones sociales y en el impuesto a las ganancias.
El segundo desafío para revertir los bajos niveles de inversión, según la OCDE, consistía en remover las trabas y complejas regulaciones para desarrollar la actividad empresarial, corregir la falta de empresas jóvenes y la escasa inserción en el comercio internacional.
En este punto se recomendó simplificar procesos administrativos para crear una empresa, reducir los aranceles y trabas a la importación, y lograr la protección de los trabajadores a partir de seguros de desempleo y programas de capacitación en lugar de las estrictas regulaciones laborales.
El último de los desafíos estaba orientado, supuestamente, a reducir las desigualdades económicas y de género, con propuestas tales como reducir temporariamente las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos que se incorporen al sector formal; programas de apoyo a estudiantes en riesgo de no finalizar sus estudios; y aliento a la educación en la primera infancia (completándola con flexibilizaciones de los horarios laborales y extensión de licencias por paternidad).
Resueltos esos y otros retos –apenas actualizados en la reciente hoja de ruta– la Argentina se sumaría a las 38 «economías de mercado» que integran actualmente la OCDE (entre ellas, Chile, Colombia, Costa Rica y México). Para ello, además, deberá remontar el reciente desaire al gobierno español, luego de la gira del presidente Milei en respaldo a la oposición de ultraderecha del país ibérico, que incluyó insultos del argentino hacia su par europeo y, para peor, a su esposa. La relación bilateral con España quedó dañada desde entonces, al punto que dicha país retiró a su embajadora de Buenos Aires
En tanto, los exámenes de 26 mesas técnicas abarcarán en los próximos años prácticamente todas las áreas de política pública, entre otras, el comercio abierto, la lucha contra la corrupción y la protección efectiva del medio ambiente. En ese proceso los auditores externos podrán recomendar cambios en la legislación y las políticas, de modo de facilitar la convergencia con los estándares y las mejores prácticas de la organización.
