12 de febrero de 2016

Las medidas anunciadas incluyen no solo la quita de subsidios sino también el aumento del cargo fijo y del precio del kilowatt hora. Caída del consumo y perjuicio para las pymes.

 

El lenguaje nunca es inocente, casual y/o neutral. La «imposición» de determinadas palabras influye en el mundo social y político. Por caso, los cambios introducidos en las definiciones de algunos vocablos (referendo, autogobierno, soberanía, autodeterminación)  en el Diccionario de la Real Academia favorecieron al gobierno español en su disputa contra independentistas catalanes y vascos. Algo similar está ocurriendo con la polémica instalada alrededor del incremento de las tarifas eléctricas. El gobierno nacional intenta asociar la medida a un «sinceramiento» o «adecuación» de los precios, mientras que la oposición la tilda de «tarifazo». La discordancia discursiva encierra profundas diferencias ideológicas. La ortodoxia económica entiende que los subsidios «distorsionan» las señales del mercado. Los defensores del «sinceramiento» tarifario afirman que éste se traducirá directamente en mayores inversiones. La experiencia de los años 90 relativiza ese argumento. Las inversiones de las compañías eléctricas durante el 1 a 1 fueron muy reducidas en relación con las elevadas ganancias que mostraban sus balances. El ejemplo más claro de dicha conducta desinversora fue el gigantesco apagón de febrero de 1999 que dejó fuera de servicio durante once días a 150.000 viviendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, la heterodoxia económica sostiene que el nivel de las tarifas públicas es una decisión política. El costo de generación y distribución energética es un dato relevante, pero no debe ser la única variable a considerar. El gobierno podría fijar tarifas altas (con el objetivo de financiar con esos fondos la expansión del sistema eléctrico y/o incrementar la rentabilidad de las compañías) o tarifas bajas subsidiadas para proteger el poder adquisitivo de la población e impulsar la demanda doméstica. La idea hace hincapié en que el cuadro tarifario no debe ser resultado de la aplicación de una fórmula matemática sino de definiciones políticas enmarcadas en un proyecto económico integral.

 

Nuevos valores
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue el encargado de comunicar la nueva política energética. En primer lugar se eliminó el subsidio al precio mayorista de la energía abonado por las compañías distribuidoras de todo el país. Esa medida implica incrementos que irán del 180% al 280%. El porcentaje de traslado a los usuarios dependerá del impacto final en la estructura de costos de cada distribuidora. Por ejemplo, las provincias de Córdoba y Santa Fe estiman un incremento del 50%, San Juan y Mendoza entre un 100% y 150%, Catamarca y Santiago del Estero alrededor del 400%. El ajuste tarifario será mayor en el caso de la zona metropolitana de Buenos Aires porque, además del mayor valor del precio mayorista, se autorizó un incremento de la retribución cobrada por Edenor y Edesur. Ese ítem se denomina Valor Agregado de Distribución (VAD). Así, los residentes de la zona metropolitana (CABA y Conurbano) recibirán facturas con subas del 550% al 700%.
Los nuevos valores de la energía eléctrica entraron en vigencia el 1° de febrero. Si bien desde el ministerio habían señalado que se trataba apenas del primer paso de una revisión tarifaria que incluiría incrementos adicionales en los meses de mayo, agosto y noviembre, en una entrevista radial, a los pocos días de la puesta en marcha del nuevo esquema tarifario, Aranguren señaló que «hoy estamos en condiciones de decir que, con lo que hemos hecho, tenemos los argumentos suficientes como para esperar a ver la evolución de la demanda (del servicio eléctrico). En principio, no tendríamos que estar haciendo otra corrección de las tarifas este año», sostuvo.
La suba tarifaria será apenas menor para dos segmentos diferenciados: en primer lugar, premio al menor consumo. El universo comprendido son los usuarios residenciales que verifiquen menores consumos interanuales y tengan una demanda de potencia menor a 10Kw (se trata de hogares con equipamiento medio de aparatos eléctricos). Así, el incremento tarifario se reducirá un tercio para los que disminuyan su consumo interanual entre un 10% y 20%. Mientras que el aumento se reducirá a la mitad si la disminución del consumo es superior al 20%.
El otro segmento es el de la tarifa social, que comprende a los jubilados o pensionados con remuneración inferior a dos veces el haber mínimo nacional, trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, titulares de programas sociales, monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares, receptores del Seguro de Desempleo y discapacitados. Quedan excluidos aquellos titulares de: más de un inmueble, automotor cuyo modelo tenga 15 o menos años de antigüedad y/o aeronaves o embarcaciones de lujo. Tendrán un costo cero hasta un consumo mensual de 150 Kw/hora (sobre el valor de la energía pero se continúa cobrando el VAD e impuestos) y tarifa reducida sobre el consumo excedente siempre que el consumo sea menor o igual al registrado en el mismo mes de 2015. Aranguren estimó que el universo beneficiado rondará el 20% de los usuarios totales.
La decisión oficial de segmentar tarifas de acuerdo con el nivel de consumo presenta algunas dificultades. La correlación entre consumo y poder adquisitivo es fuerte, pero no definitoria porque el uso es menos eficiente en los hogares de bajos recursos.
Los sectores vulnerables consumen más electricidad, en términos relativos, porque poseen artefactos de menor rendimiento y, además, por la falta de acceso a las redes de gas natural. Una investigación realizada por la Empresa Provincial de la Energía santafesina reveló que las estufas eléctricas comunes son el único medio de calefacción utilizado por el 70% de los hogares más pobres.
En otras palabras, el consumo eléctrico no siempre refleja el nivel de ingreso. La variable del consumo debería ser complementada con otros aspectos tales como la zona residencial y/o calidad constructiva del inmueble. En resumen, la discriminación de precios debería implementarse teniendo en cuenta el consumo y las características socioeconómicas de los usuarios domiciliarios. Lo ideal sería «rearmar el esquema de subsidios, con un mayor nivel de focalización de forma tal que los sectores más postergados de la sociedad puedan acceder al consumo de este bien energético, de forma tal que mejoren su calidad de vida, pero que las clases más favorecidas abonen un mayor precio por la energía eléctrica», sostiene el economista Diego Margulis en su trabajo «Análisis de los determinantes de la demanda eléctrica residencial en Argentina. Implicancias en el mecanismo de asignación de subsidios».

 

Herramientas
El mantenimiento de tarifas reducidas de los servicios públicos fue una herramienta de recuperación de los ingresos populares. La economista Eugenia Aruguete explicaba en un documento de 2009 publicado en Entrelíneas de la Política Económica, que es «una política que tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo, e indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada».
Los montos destinados al pago de los servicios de luz y gas domiciliario disminuyeron del 20% a menos del 3% del salario promedio mensual, en términos comparativos con la década del 90. Esto determinó, entre otras cuestiones, que el consumo energético domiciliario per cápita se duplicara en los últimos años. Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), el consumo residencial de energía eléctrica creció de 28.791 a 59.982 Gwh, un 108,3% entre 2003 y 2015.
En ese marco, el gobierno nacional apuesta a reducir el consumo mediante el incremento de tarifas. Aunque en los últimos 43 años, solamente hubo 4 años en los que decreció el consumo eléctrico residencial: 1982, 1988, 1989 y 2002.

Los subsidios también permitieron una mejora de la competitividad empresaria (vía menores costos). En ese sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) sostuvo que «el aumento de costos para las pymes que supone este incremento en las tarifas eléctricas se sumará a los perjuicios que ya sufren estas empresas por la inflación y la quita de retenciones. Habrá que agregar la anunciada desregulación de las tarifas de gas». Y agrega el comunicado de la entidad: «La disminución del poder adquisitivo de la población y la consiguiente caída en las ventas repercute con intensidad en las pymes, que dependen en mayor medida del mercado interno».
Más allá del anuncio oficial, existía cierto consenso dirigencial en la necesidad de reformular el esquema de subsidios, ya que la situación actual no es la misma que 12 años atrás. Las herramientas que fueron útiles en determinado contexto, deben adaptarse a nuevas realidades. Sin embargo, no existe una única manera de llevarlo adelante. Una reformulación gradual, selectiva y focalizada no es lo mismo que una política de shock y universal. El impacto sobre el consumo y la actividad no es idéntico.
El economista Claudio Scaletta explica en su artículo «El sacrificio» que «en un escenario semejante cualquier macroeconomista imparcial, si tal cosa existiese, aconsejaría tratar el movimiento de estas variables de alto impacto con muchísimo cuidado, observando muy despacio los efectos desde el tablero de comando. En otras palabras; hacer lo contrario a tomar decisiones axiomáticas y draconianas pensando en las ecuaciones de corto plazo de las empresas y no en los efectos macroeconómicos y sociales de cada decisión».
Lo concreto es que el aumento tarifario provocará reducción del poder adquisitivo y, por ende, de la demanda de las familias. A su vez, las empresas sufrirán un fuerte incremento en su estructura de costos. El resultado de ese combo se traduce en reducción del consumo, de la actividad económica y del empleo.
Por último, la eliminación de subsidios también es reclamada por los economistas ortodoxos para mejorar las cuentas públicas. De acuerdo con esa óptica, la reducción de subsidios colaboraría en la disminución de la inflación. La idea implícita estriba en que el déficit fiscal financiado con emisión monetaria provoca incrementos de precios. La correlación entre déficit fiscal e inflación es prácticamente inexistente. La inflación argentina reconoce causas muy diferentes –puja distributiva, incremento de costos, devaluación monetaria, entre otras– a la emisión monetaria. Y más allá de esto, la eliminación indiscriminada de subsidios alimenta la espiral inflacionaria. El economista Miguel Bein estimó que la reducción de subsidios proyectada agrega 9 puntos porcentuales al avance de los precios en el año. En otras palabras, la propuesta (quita de subsidios) es incongruente con el objetivo perseguido (contención inflacionaria).

—Diego Rubinzal

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