En el primer trimestre del año entran en vigencia fuertes aumentos en las tarifas del transporte de pasajeros de Ciudad y Gran Buenos Aires, con impacto inmediato en la economía de los usuarios. La eliminación de subsidios golpea también a las provincias.
13 de febrero de 2019
El índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se encuentra en su nivel más bajo desde diciembre de 2015. Ese indicador refleja los datos de una encuesta de opinión pública nacional realizada por la Universidad Torcuato Di Tella, que varía entre 0 (peor calificación) y 5 (mejor). El puntaje de enero (1,63) reveló una caída del 15,1% en relación con el mes anterior, mientras que el retroceso interanual fue aún más pronunciado, del orden del 28%. Las causas del deterioro de la imagen gubernamental son múltiples. Sin perjuicio de eso, la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella interpretó que la última medición estuvo muy influida por «los anuncios de aumentos en los servicios públicos, especialmente en el transporte, que tienen un impacto inmediato en la economía de las personas, en un contexto recesivo e inflacionario».
El 27 de diciembre pasado, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció fuertes incrementos en las tarifas de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). En ese marco, el mandatario informó que el boleto de colectivo aumentaría tres veces (ver cuadro) en el transcurso del primer trimestre de 2019. Una vez concretado el último ajuste (el 15 de marzo), la tarifa mínima habrá aumentado 500% desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, los usuarios del sistema ferroviario deberán afrontar incrementos cercanos al 40% en los primeros meses de 2019. Los incrementos acumulados, desde el comienzo de la gestión Cambiemos, varían entre el 500% y el 700%.
El panorama se replica en el resto del país producto de la eliminación de los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros provincial. Hasta 2018, el gobierno central destinaba alrededor de 55.000 millones de pesos anuales para financiar el sistema. El mecanismo utilizado era doble: por un lado, el suministro de cupos de gasoil a precios subsidiados, y por otro, la transferencia directa de recursos a las prestadoras del servicio de acuerdo con determinados criterios (kilómetros recorridos, pasajeros transportados).
El traslado directo a precios de la eliminación del subsidio implicaría aumentos cercanos al 80%. Lo que hizo el gobierno nacional fue tirarle la pelota a provincias y municipalidades. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, lo dijo claramente cuando sostuvo que la «responsabilidad sobre la tarifa eléctrica y del transporte urbano de pasajeros es de la provincias y no es de la Nación».
Las quejas de los mandatarios provinciales fueron desoídas. La única concesión oficial fue constituir un fondo de apenas 6.500 millones de pesos a repartir en 2019.
El repliegue del Estado nacional obligó a muchos gobernadores a rediseñar su presupuesto. Por ejemplo, el gobierno de Santa Fe anunció que se haría cargo del 50% del subsidio con recursos propios. Mientras que otras provincias anunciaron niveles de coberturas menores. Las consecuencias ya se sienten en el territorio. Por caso, la empresa ERSA (una de los más grandes operadores nacionales del mercado de transporte de pasajeros urbanos) anunció su retiro de Santiago del Estero.
Lo más probable es que este reacomodamiento sistémico implique un mix de mayores tarifas para los usuarios y deterioro en la calidad del servicio (por ejemplo: menores frecuencias, aumento de la antigüedad del parque automotor). En esa línea, el Ministerio de Transporte autorizó la circulación de coches de más de diez años de antigüedad, en clara contradicción con lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito.
El derecho a la movilidad
La mayoría de los países centrales subsidian el transporte público para garantizar el acceso a precios razonables. El derecho a la movilidad está en riesgo cuando el costo de los pasajes veda las posibilidades de traslado de las personas más humildes, debido a que el transporte público suele ser la única opción para los sectores de menores recursos.
Las sociólogas Verónica Perez y Candela Hernández señalan que «la movilidad es un derecho con jerarquía sobre los demás, pues es condición necesaria para la realización de otro conjunto de derechos como lo son el trabajo, el estudio, la recreación». Entre 2016 y 2018, la cantidad de pasajeros transportados cayó 16% en la región metropolitana, según datos oficiales.
La cantidad de pasajeros transportados está relacionada con el costo del boleto pero también con la marcha de la economía. La periodista Verónica Ocvirk explica que «la actividad económica cae. Las personas viajan menos. La recaudación del sistema de transporte también cae. Y para cubrir los costos hace falta más dinero. La tarifa sube. Ese aumento impacta directamente en el salario de los trabajadores, que entonces disponen de menos ingresos para otros gastos. Y así sucesivamente». Un círculo vicioso del que es muy complicado salir.
